La saturación administrativa en Ceuta paraliza la tramitación de asilo tras la crisis migratoria
Ocho días después de la entrada masiva de más de 72.000 personas en Ceuta, la ciudad autónoma afronta un escenario de bloqueo institucional con aproximadamente 6.000 inmigrantes que todavía permanecen en territorio español. A pesar de que la mayoría de los ciudadanos han regresado a Marruecos, la saturación de las dependencias de la Policía Nacional ha impedido el inicio de los trámites de asilo, obligando a los agentes a priorizar exclusivamente la identificación de menores y colectivos vulnerables bajo los protocolos de la Ley de Extranjería.
La situación en la Jefatura Superior refleja un colapso operativo que afecta directamente a la atención ciudadana ordinaria. Fuentes del Ministerio del Interior confirman que, si bien el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han logrado despejar el centro de la ciudad, cientos de personas continúan asentadas en zonas periféricas, playas y montes próximos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Este volumen de población en situación irregular ha derivado en que los agentes deban posponer la recogida de denuncias comunes para centrarse en el triaje y la reubicación de los recién llegados.
Desde las organizaciones sindicales policiales se ha denunciado la insuficiencia de los refuerzos destinados a la gestión administrativa. Aunque el Ministerio del Interior desplegó a 150 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), estos se dedican mayoritariamente a la seguridad ciudadana y al blindaje perimetral. En contraste, solo seis agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras han sido enviados para dar soporte a las labores de documentación y reseña, una cifra que los sindicatos consideran exigua para afrontar los miles de expedientes pendientes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado su malestar por la gestión de los recursos humanos durante los primeros días de la crisis. Según la organización, parte del dispositivo de la UIP no se incorporó de forma inmediata a la frontera al tener que desempeñar funciones de seguridad vinculadas a la visita institucional del presidente del Gobierno y del ministro del Interior. El sindicato ha solicitado explicaciones oficiales sobre esta distribución de efectivos en un momento de máximo desbordamiento en la línea fronteriza.
Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) ha reclamado una mejora en la compensación de las horas extraordinarias de los agentes destinados en Ceuta. La plataforma sindical señala que la intensidad de las jornadas laborales y la falta de descanso deben verse reflejadas en un incremento de la remuneración, equiparándola a la de otros procesos de regularización masiva. Actualmente, los agentes perciben una media de ocho euros por hora extra, una cantidad que consideran insuficiente dada la excepcionalidad de la situación.
Ante la persistencia de inmigrantes en diversos puntos de la localidad, el Gobierno de Ceuta ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno la puesta en marcha de un «plan específico de seguridad». Esta petición busca incrementar los despliegues en todas las barriadas para prevenir incidencias de convivencia y gestionar la presencia de aquellos que aún no han sido integrados en los recursos de acogida o retornados a su país de origen.
