Vox propone activar el artículo 102 de la Constitución para investigar al Gobierno por la crisis de Ceuta

El grupo parlamentario Vox ha anunciado este sábado su intención de promover la activación del mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución Española contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros de su Gabinete. La formación liderada por Santiago Abascal fundamenta esta iniciativa en la gestión de la crisis migratoria ocurrida en Ceuta, al considerar que existen indicios de presuntos delitos de traición y contra la seguridad del Estado.

El procedimiento constitucional invocado establece que la responsabilidad criminal del presidente y los ministros será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Según ha manifestado Abascal a través de sus canales oficiales, el partido sostiene que el Ejecutivo disponía de conocimiento previo sobre los acontecimientos en la ciudad autónoma, calificando los hechos no como un fenómeno migratorio convencional, sino como un episodio de «guerra híbrida» contra la soberanía nacional.

Desde el punto de vista procedimental, la activación del artículo 102 requiere de requisitos parlamentarios estrictos. La iniciativa debe ser presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados (88 escaños) y su aprobación exige la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos). Dado que Vox no cuenta con los efectivos suficientes en solitario para alcanzar estos umbrales, la formación ha puesto a sus diputados a disposición del resto de los grupos parlamentarios para conformar la acusación.

En el marco de esta propuesta, el partido ha exigido la inmediata desclasificación y entrega a la Cámara Baja de toda la documentación relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades de Marruecos. Esta solicitud incluye los informes elaborados por los servicios de inteligencia y los órganos de seguridad nacional, tanto civiles como militares, referidos al periodo previo y posterior a la crisis fronteriza.

La formación defiende que el uso de estos mecanismos constitucionales es necesario para depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de la integridad territorial y el control de las fronteras. Según el comunicado emitido por el partido, la gravedad de los hechos justifica que sea el Tribunal Supremo quien determine si las acciones u omisiones del Ejecutivo se encuadran en los tipos penales referidos a la seguridad del Estado.

Hasta el momento, la propuesta de Vox queda supeditada a la obtención del respaldo necesario por parte de otras fuerzas políticas con representación parlamentaria para iniciar formalmente el trámite en el Congreso de los Diputados, paso previo e indispensable para que la causa pueda ser remitida a la instancia judicial correspondiente.