Servicios de inteligencia europeos ofrecen colaboración tras detectar perfiles vinculados al yihadismo en Ceuta
El Servicio de Información de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han confirmado la identificación de al menos una docena de individuos con antecedentes por radicalización yihadista entre las personas que accedieron a Ceuta durante la crisis fronteriza del pasado 30 de julio. Ante este escenario, diversos servicios de inteligencia de la Unión Europea han ofrecido su cooperación técnica para cotejar las identidades de los recién llegados con sus propias bases de datos de seguridad nacional.
La oferta de colaboración, que incluye a agencias de Francia, Alemania, Bélgica y Suecia, tiene como objetivo principal detectar posibles perfiles de riesgo que no figuren en los registros españoles pero que sí cuenten con expedientes de deportación o señalamientos por extremismo en otros Estados miembros. Según fuentes de la inteligencia española, la coordinación se canalizará de manera preferente a través de Europol y el Sistema de Información de Schengen, permitiendo un cruce de datos exhaustivo para identificar a sujetos previamente expulsados de otros países europeos por motivos de seguridad nacional o vinculación con procesos de radicalización violenta.
Los servicios de información advierten de que el número de individuos radicalizados podría ser superior a la cifra inicial, que se circunscribe únicamente a aquellos que ya estaban fichados por las autoridades españolas o contaban con expedientes de expulsión a nivel nacional. La preocupación institucional se sustenta en la tendencia contrastada del uso de rutas migratorias irregulares por parte de redes vinculadas al terrorismo internacional. En el último ejercicio contabilizado, España registró 90 detenciones por terrorismo yihadista, situándose a la cabeza de la Unión Europea en este ámbito, seguida de Francia (69), Italia (62) y Alemania (55).
La identificación de los sospechosos detectados hasta el momento ha sido posible gracias al despliegue técnico en la frontera del Tarajal. El análisis de las cámaras de seguridad, junto con la revisión de material audiovisual difundido en redes sociales y medios de comunicación, ha resultado determinante. Según fuentes conocedoras de las pesquisas, algunos de estos individuos ya estaban siendo monitorizados por agentes especializados meses antes de la crisis, lo que facilitó su reconocimiento inmediato una vez en territorio nacional.
En el marco legal, la Ley Orgánica de Extranjería en España faculta la expulsión administrativa por infracciones muy graves contra la seguridad del Estado para aquellos perfiles que no deban afrontar penas de prisión de larga duración. Esta normativa es análoga a las aplicadas en Francia, donde el uso del Fichero de Señalamientos para la Prevención de la Radicalización Terrorista ha conllevado la deportación de más de 450 ciudadanos extranjeros en un periodo de tres años. La mayoría de los expedientes tramitados en el Mediterráneo occidental corresponden a ciudadanos procedentes del Magreb, con especial incidencia en nacionales de Marruecos, Argelia y Túnez.
El objetivo final de esta cooperación internacional es cerrar las brechas de información entre los Estados miembros de la UE, evitando que sujetos deportados por radicalismo en un país puedan establecerse en otro debido al desconocimiento de sus antecedentes. La inteligencia europea reitera que el retorno de individuos radicalizados tras ser deportados es un fenómeno recurrente que requiere una vigilancia constante y una coordinación policial transfronteriza reforzada.
