Los autónomos españoles pierden 226 horas anuales en burocracia con un coste de 3.390 euros por profesional
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha informado este lunes que los trabajadores por cuenta propia en España dedican una media de 226 horas al año a la gestión de trámites burocráticos. Esta carga administrativa supone un coste económico directo de 3.390 euros anuales por cada profesional, según los datos proporcionados por la organización sectorial en un comunicado oficial.
En términos macroeconómicos, el impacto global de la burocracia y el cumplimiento normativo para el conjunto del colectivo supera los 11.000 millones de euros anuales. El informe destaca que los más de 3,47 millones de autónomos registrados en el país invierten un total de 780 millones de horas al año en estas tareas, lo que equivale a una dedicación mínima de cuatro horas semanales por trabajador, una cifra que se incrementa en el caso de aquellos profesionales que cuentan con empleados a su cargo.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha señalado que la carga burocrática se ha intensificado en los últimos meses debido a diversos factores regulatorios. Entre los motivos principales de este incremento, la federación cita la incertidumbre normativa y la adaptación a nuevos requerimientos técnicos, tales como los cambios en el reglamento Verifactu y las obligaciones vinculadas al registro horario de la jornada laboral.
Desde la organización advierten que la actual estructura administrativa está actuando como un freno para la actividad económica. Amor ha subrayado que la gestión institucional no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo de los negocios, incidiendo en que el exceso de trámites y la complejidad de los mismos supone una presión adicional que afecta la sostenibilidad de los trabajadores por cuenta propia.
La federación concluye que la simplificación de procesos es una medida necesaria para evitar que la administración actúe como un elemento disuasorio, especialmente en un contexto donde el colectivo ya enfrenta desafíos operativos y de conciliación que podrían comprometer la viabilidad de miles de negocios en el territorio nacional.
