España expulsó a 25 personas por actividades de radicalización yihadista durante el último año
España mantuvo durante el pasado ejercicio el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, una situación que se ha visto reflejada en la actividad de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Según el informe «Balance del terrorismo en España en 2025», elaborado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, un total de 25 personas fueron expulsadas del territorio nacional tras detectarse su implicación en actividades de radicalización yihadista. Entre los perfiles destacados se encuentran nueve imanes que ejercían en diversos puntos de la geografía española y un individuo vinculado al Estado Islámico del Jorasán (ISKP).
El documento subraya la relevancia de las expulsiones de líderes religiosos, de los cuales varios desarrollaban su actividad en mezquitas oficiales. Territorialmente, cinco de estos imanes ejercían en Cataluña, mientras que Navarra y Andalucía registraron dos casos cada una. Los informes policiales, validados por instancias judiciales como la Audiencia Nacional, vinculan a estos sujetos con la difusión de mensajes extremistas contrarios al ordenamiento constitucional, la captación de jóvenes y, en algunos casos, la fidelidad explícita a organizaciones como Daesh.
En cuanto a la procedencia de los expulsados, Marruecos encabeza la lista con 13 ciudadanos, seguido de Pakistán con tres, Túnez con dos, y un nacional de Egipto, Argelia y Holanda respectivamente, quedando cuatro sujetos con nacionalidad no especificada en el balance. Entre los casos de especial seguimiento se encuentran dos «foreign fighters» o combatientes retornados de zonas de conflicto y, por primera vez, un individuo relacionado con el ISKP, facción considerada actualmente como una de las principales amenazas para la seguridad en Europa.
El balance detalla actuaciones específicas iniciadas tras investigaciones de la Comisaría General de Información y la Guardia Civil. Entre ellas destaca la expulsión en Córdoba de un imán de nacionalidad egipcia vinculado a la denominada «Brigada Al Andalus», una red de captación para el envío de combatientes a Siria. Asimismo, se ejecutan medidas similares contra predicadores en localidades como La Junquera, Figueras, Tarragona y Olot, por la promoción de la sharía sobre el ordenamiento civil y la desobediencia a las leyes nacionales.
Las expulsiones por motivos de seguridad nacional han contado con el respaldo de las instituciones jurídicas. La Audiencia Nacional ha rechazado diversos recursos de los afectados, fundamentando sus decisiones en informes que acreditan la «difusión pública de ideología extremista violenta». A nivel internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ratificado recientemente la legalidad de estas prácticas administrativas cuando responden a amenazas comprobadas contra la seguridad del Estado.
Finalmente, el informe menciones el control fronterizo en las ciudades autónomas, señalando la expulsión de un ciudadano tunecino que accedió de forma irregular a Ceuta tras haber combatido en Siria en 2016. Esta actividad administrativa se enmarca en una estrategia de prevención que busca mitigar el riesgo de actores solitarios y desarticular estructuras de adoctrinamiento en centros religiosos y redes sociales.
