Igualdad solicita a la Fiscalía investigar las declaraciones de José María Figaredo por presunto delito de odio

El Ministerio de Igualdad ha instado a la Fiscalía y a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación a investigar si las declaraciones del dirigente de Vox, José María Figaredo, constituyen un delito de odio. El departamento que dirige Ana Redondo fundamenta su petición en las intervenciones del parlamentario en diversos medios de comunicación, donde utilizó términos como «caza» y «pesca» para referirse a la llegada de personas migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta.

En el oficio remitido al Ministerio Fiscal, el departamento ministerial solicita que se estudie si dichas manifestaciones se ajustan a lo previsto en el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio. Igualdad sostiene que el uso de expresiones como «hay que cazarlos uno a uno» o la calificación de «invasión» para describir la situación migratoria trasciende la crítica política y busca la deshumanización del colectivo migrante.

De forma complementaria, el Ministerio ha dado traslado de la información a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Este organismo tiene la función de velar por las víctimas de discriminación, ofreciendo asistencia y orientación, además de poseer la facultad de emprender acciones judiciales en el ámbito de sus competencias institucionales.

Según el análisis de la Secretaría de Estado de Igualdad, las palabras de Figaredo revisten especial gravedad al no limitarse a cuestionar la gestión gubernamental o las políticas migratorias. El escrito argumenta que el recurso constante a metáforas cinegéticas equipara a seres humanos con presas, lo que podría interpretarse como un llamamiento a la persecución y a la violencia física contra las personas inmigrantes.

La ministra Ana Redondo ha señalado que este tipo de discursos suponen un ataque a los colectivos vulnerables y representan un riesgo para la convivencia civil. Por su parte, la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha subrayado que la libertad de expresión no puede amparar mensajes que inciten al racismo o a la confrontación desde tribunas públicas.

Esta actuación administrativa se suma a otras acciones legales emprendidas por la sociedad civil, como la denuncia presentada el pasado lunes por el Foro de Abogacía y Democracia – Red de Abogacía Demócrata Europea. Dicha entidad también ha recurrido a la justicia por la presunta comisión de un delito de odio y contra la dignidad de las personas migrantes afectadas por las declaraciones del diputado.