La Justicia de Estados Unidos autoriza el embargo de activos españoles por los impagos de las renovables

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha desestimado la petición del Reino de España para suspender la ejecución de una sentencia que reconoce a inversores internacionales una indemnización de 135,7 millones de euros (156,6 millones de dólares). Esta resolución judicial permite a los acreedores del denominado «Caso Antin» proceder con el embargo de activos soberanos españoles para satisfacer la deuda derivada de los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables.

La decisión judicial representa un revés para la estrategia legal del Gobierno de España, que buscaba paralizar la ejecución del laudo alegando que el cumplimiento de la sentencia podría vulnerar el Derecho de la Unión Europea. Según el tribunal norteamericano, la administración española no ha acreditado haber solicitado autorización reciente a la Comisión Europea para proceder al pago o para constituir una garantía financiera que suspendiera la ejecución del fallo.

El auto judicial señala que la insistencia de la defensa española en la imposibilidad de pago bajo el marco normativo comunitario podría interpretarse como un indicio de que el Estado no tiene la voluntad de satisfacer la deuda de forma voluntaria. En consecuencia, la resolución no solo autoriza la incautación de bienes susceptibles de embargo en el distrito de Washington, sino que permite el registro de la sentencia en cualquier otra jurisdicción estadounidense para perseguir activos españoles en todo el territorio nacional.

El conflicto jurídico tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar bajo el sistema de incentivos a las energías verdes establecido por el Gobierno de España. Entre los años 2012 y 2014, debido a la crisis económica y al déficit de tarifa eléctrico, el Ejecutivo español eliminó dichas primas con carácter retroactivo. Los inversores recurrieron al arbitraje internacional bajo el Tratado de la Carta de la Energía, obteniendo en 2018 un fallo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Hasta la fecha, la Comisión Europea ha mantenido una postura contraria al desembolso de estas indemnizaciones, al considerarlas ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior. Esta posición ha sido el principal argumento de la Abogacía del Estado en los distintos tribunales internacionales para evitar los pagos. No obstante, la justicia estadounidense ha optado por priorizar la ejecución de los laudos arbitrales sobre las interpretaciones normativas de Bruselas en territorio norteamericano.

Este nuevo pronunciamiento se suma a una serie de litigios internacionales en los que diversos fondos de inversión reclaman a España miles de millones de euros por el cambio regulatorio en el sector energético. La decisión del Tribunal de Columbia incrementa la presión sobre el Ejecutivo, que hasta ahora ha confiado en que los recursos ante las instancias judiciales europeas frenen las reclamaciones de los acreedores internacionales.