El sector público estatal suspende en transparencia con un cumplimiento inferior al 50%
El sector público institucional estatal continúa sin alcanzar los estándares legales de transparencia exigidos por la normativa vigente desde hace más de una década. Según el último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), las 153 entidades examinadas este año han obtenido un índice de cumplimiento medio del 47,1% en sus obligaciones de publicidad activa. A pesar de representar un incremento de 8,2 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, la cifra sitúa al conjunto de estos organismos por debajo del umbral del aprobado en la publicación de información relevante sobre su funcionamiento.
La evaluación realizada por el Consejo abarca organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas y universidades no transferidas, excluyendo en este análisis específico a los ministerios. El examen verifica si los portales institucionales publican datos preceptivos como presupuestos, contratos, retribuciones y trayectorias profesionales de sus directivos. Las deficiencias detectadas se centran en la ausencia directa de información obligatoria y en la falta de referencias temporales que permitan conocer la última actualización de los datos expuestos.
El déficit en la publicación de información de oficio ha provocado un incremento significativo en la litigiosidad administrativa. En el primer semestre de 2026, las reclamaciones ciudadanas ante el CTBG aumentaron un 60%, alcanzando un total de 1.758 expedientes. El organismo vincula directamente ambos fenómenos, señalando que la falta de transparencia preventiva obliga al ciudadano a ejercer su derecho de acceso mediante solicitudes formales. De estas reclamaciones, un 45,5% tienen su origen en el silencio administrativo, es decir, en la falta de respuesta de la Administración dentro de los plazos legales.
El informe subraya una baja efectividad en las recomendaciones emitidas por el órgano de control. De las 2.916 indicaciones formuladas en el ejercicio previo para corregir carencias, solo se han aplicado 830, lo que representa el 28,4%. Los datos muestran que el 21,6% de las entidades no ha ejecutado ninguna de las mejoras sugeridas, mientras que solo un 11,8% de los organismos ha cumplido con al menos el 80% de las recomendaciones recibidas por el Consejo de Transparencia.
En el análisis pormenorizado, la Tesorería General de la Seguridad Social se sitúa como uno de los organismos con menor desempeño, con un Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) de apenas 11,8 puntos sobre 100, sin haber aplicado ninguna de las 30 recomendaciones previas. En una situación similar se encuentra la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con 8,1 puntos. En el extremo opuesto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad han alcanzado el 100% de cumplimiento, seguidos de cerca por diversas mutuas colaboradoras y otras sociedades de infraestructuras ferroviarias.
Ante estos resultados, la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Concepción Campos, ha calificado la mejora como insuficiente. Desde el organismo se ha reiterado la necesidad de que se le otorgue potestad sancionadora para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, recordando que las obligaciones de publicidad activa son vinculantes para todo el sector público estatal desde el año 2014.
