Las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han expresado su firme rechazo ante las conclusiones preliminares de un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH), que atribuye presuntos malos tratos a los agentes españoles durante la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Mientras los sindicatos y asociaciones profesionales demandan una defensa pública de su labor, el Gobierno de España mantiene una postura de prudencia institucional y silencio ante las acusaciones del organismo marroquí.
El informe del CNDH, institución vinculada al Ejecutivo del reino alauita, asegura haber recopilado testimonios de ciudadanos retornados que denuncian agresiones y tratos inadecuados por parte de las fuerzas de seguridad españolas en zonas fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. El documento también extiende su crítica a la administración de la ciudad autónoma, a la que acusa de privar de asistencia básica a los migrantes mediante el cierre de establecimientos comerciales durante las jornadas de mayor afluencia de personas.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), se ha calificado de carentes de fundamento estas imputaciones, señalando que el informe se basa exclusivamente en declaraciones que no acreditan el origen de las lesiones observadas. La organización mayoritaria en el cuerpo policial ha lamentado la falta de un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio del Interior para proteger la imagen de los agentes desplegados en la frontera, quienes, según el sindicato, actúan en condiciones de colapso operativo y extremo rigor profesional.
En la misma línea, la asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, ha recordado que toda intervención en territorio español está sujeta a un estricto control judicial y parlamentario, además de la supervisión de tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La organización subraya que no es admisible formular señalamientos genéricos contra las instituciones de seguridad del Estado sin aportar pruebas fehacientes ni canalizar las quejas a través de las vías jurídicas establecidas.
La posición del Ejecutivo central continúa priorizando la estabilidad de las relaciones diplomáticas con Rabat. En sus intervenciones públicas, los miembros del Consejo de Ministros han evitado cualquier crítica hacia la gestión marroquí de la frontera, insistiendo en que el país vecino es un «socio fiable y leal». Esta estrategia de colaboración constante se mantiene a pesar de que organismos oficiales marroquíes han responsabilizado anteriormente a la policía española de otros incidentes fronterizos de gravedad, como los sucesos ocurridos en la valla de Melilla en 2022.
Entretanto, la situación de seguridad en Ceuta se mantiene en niveles de alta tensión. Fuentes policiales confirman un incremento en la actividad delictiva y altercados en la vía pública, con una media de diez detenciones diarias. Durante una reciente visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, diversos ciudadanos trasladaron personalmente su preocupación por el aumento de la inseguridad, en un contexto donde la infraestructura de acogida y los recursos de vigilancia se encuentran trabajando al límite de su capacidad.
