La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reafirmado este jueves la negativa de la comunidad autónoma a participar en los procedimientos de triaje e identificación de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo regional sostiene que esta labor, desarrollada en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE), es una competencia exclusiva del Estado en aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Esta declaración se produce tras la petición formal de la Delegación del Gobierno en Canarias para que la autonomía designe representantes en los procesos de determinación de edad. Según la tesis defendida por el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, el derecho comunitario exige la presencia de una figura que vele por el interés superior del menor, argumentando que dicha función no debe recaer en las fuerzas policiales que gestionan los centros, sino en la administración competente en materia de protección de la infancia.
Por el contrario, la consejera Delgado ha señalado durante la presentación del encuentro estatal de migraciones «Migradmi» que el control de fronteras y la gestión de la entrada de personas al país son responsabilidades estatales. «El Pacto Europeo establece que el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país», ha afirmado la titular de Bienestar Social, quien insiste en que la participación autonómica solo debe producirse a posteriori para garantizar los derechos de los menores una vez finalizado el proceso de identificación inicial.
En este contexto, el Gobierno de Canarias ha solicitado la mediación del Ministerio de Juventud e Infancia para clarificar quién debe asumir la representación legal de los menores durante los procedimientos de triaje. Esta cuestión será uno de los ejes centrales de la reunión bilateral convocada para el próximo 26 de agosto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encuentro que se produce tras la suspensión de la última conferencia sectorial por falta de quorum de las comunidades autónomas.
Finalmente, Delgado ha instado al Gobierno central a acelerar la adaptación de la normativa interna española al marco jurídico comunitario vigente desde el pasado 12 de junio. Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que cualquier asunción o delegación de nuevas competencias deberá estar respaldada por un documento normativo explícito y una ficha financiera que garantice la suficiencia de recursos para la gestión de la crisis migratoria en el archipiélago.
