México mantiene firmeza en política exterior ideológica ante la nueva configuración regional
La política exterior de México atraviesa un periodo de redefinición marcado por la persistencia de alianzas ideológicas, en un contexto donde el mapa político de América Latina ha girado mayoritariamente hacia posturas pragmáticas y conservadoras. El Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha ratificado una estrategia de protección a figuras políticas afines, lo que ha derivado en un distanciamiento diplomático con actores clave de la región, particularmente con el nuevo Gobierno de Perú.
El punto de mayor fricción se localiza actualmente en la relación bilateral con Lima. Tras el ascenso de Keiko Fujimori a la presidencia peruana, la administración mexicana ha condicionado el restablecimiento pleno de los vínculos diplomáticos al otorgamiento de un salvoconducto para Betssy Chávez. La exjefa del gabinete del destituido Pedro Castillo se encuentra refugiada en la Embajada de México en Perú, tras ser procesada por la justicia de su país por su presunta participación en la intentona golpista de diciembre de 2022.
Esta postura ha sido calificada por diversos analistas como una interpretación selectiva de la Doctrina Estrada. Mientras que dicho principio aboga por la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la gestión actual ha intervenido directamente en los procesos judiciales y constitucionales peruanos. En contraste, ante situaciones críticas en otras naciones, como la reciente suspensión de procesos electorales en Nicaragua por parte del Gobierno de Daniel Ortega, México ha optado por el silencio institucional, apelando nuevamente al principio de no injerencia.
La evolución del entorno regional subraya el aislamiento de la posición mexicana. Hace tres años, México funcionaba como el eje de una corriente progresista que abarcaba a más de una docena de países. No obstante, tras diversos ciclos electorales motivados por demandas ciudadanas en seguridad y economía, el número de gobiernos con dicha adscripción se ha reducido a seis. Esta mutación hacia esquemas de centro-derecha o pragmatismo económico ha dejado a la diplomacia mexicana en una posición de nostalgia política que prioriza el asilo de figuras cuestionadas sobre la cooperación comercial o de seguridad regional.
El antecedente directo de esta crisis se remonta al 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de Perú y declarar un gobierno de excepción. Tras el fracaso de la medida y su posterior detención, su círculo cercano buscó refugio en la representación mexicana. El Gobierno de Perú ha respondido a estas acciones manteniendo una postura de firmeza institucional, evitando la confrontación física en los recintos consulares pero sosteniendo la ruptura de relaciones ante lo que consideran una injerencia sistemática en sus asuntos internos.
Finalmente, la actual administración de México ha manifestado que el asilo político es una postura innegociable de su gestión. Esta decisión sitúa al país en una encrucijada diplomática, donde la defensa de lazos ideológicos con proyectos políticos en retirada parece prevalecer sobre la construcción de nuevas alianzas con los actuales centros de poder regional, relegando potencialmente la influencia de México en las decisiones estratégicas del continente.
