El Consejo Constitucional de Francia anula la ley que prohibía el uso de redes sociales a menores de 15 años
El Consejo Constitucional de Francia ha declarado inconstitucional la ley aprobada el pasado mes de julio que pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. En su fallo emitido este viernes, el alto tribunal dictaminó que la medida es desproporcionada y vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación, al considerar que la restricción no se ajusta a criterios de necesidad ni proporcionalidad respecto al objetivo perseguido.
La máxima instancia jurídica del país argumentó que la legislación carece de una definición suficiente y que, al privar a los menores del acceso a determinados servicios de comunicación en línea, se incurre en una infracción directa de las libertades públicas. El tribunal señaló que, aunque la norma buscaba proteger el interés superior del niño, su redacción permitía aplicar la prohibición a plataformas donde no se han acreditado riesgos específicos para la salud o la seguridad de los menores.
Uno de los puntos críticos señalados por el Consejo Constitucional es la falta de garantías legales para proteger la privacidad de los ciudadanos. La normativa exigía que todos los usuarios, incluidos los adultos, presentaran un documento acreditativo de su edad para acceder a las plataformas. Según el fallo, este requisito no ofrece la seguridad jurídica necesaria para salvaguardar los datos personales y la intimidad de la población general.
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Emmanuel Macron ha instruido al primer ministro, Sébastien Lecornu, para que el Ejecutivo trabaje en una nueva redacción «jurídicamente sólida». El Elíseo ha manifestado que el objetivo de la reforma sigue vigente, con la intención de que se implemente antes de la primavera de 2027, ajustándose tanto a las directrices del Consejo Constitucional como al marco normativo de la Unión Europea.
La ley ya había enfrentado dificultades previas ante la Comisión Europea, que advirtió que ciertas disposiciones podían contravenir el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA) al otorgar poderes excesivos al regulador francés. El texto original no especificaba los métodos técnicos para la verificación de edad, dejando dicha responsabilidad en manos de las propias plataformas digitales.
A pesar del revés judicial, la Presidencia francesa ha reafirmado su compromiso con la protección de los menores frente a los «efectos perjudiciales» de las redes sociales, los cuales aseguran están científicamente documentados. El Gobierno francés sostiene que su iniciativa ha impulsado a otros treinta Estados y a la propia Comisión Europea a estudiar medidas similares para armonizar la protección de la infancia en el entorno digital a nivel internacional.
Finalmente, cabe destacar que la legislación también contemplaba la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos de bachillerato. No obstante, el Consejo Constitucional no ha emitido un pronunciamiento específico sobre este punto en su reciente resolución, centrando su anulación en el veto al acceso a las redes sociales.
