La comisión de investigación sobre los atentados del 17-A finaliza su actividad marcada por la división en torno al papel del CNI

La comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados para esclarecer los pormenores de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 ha desarrollado sus trabajos bajo un clima de profunda polarización política. El órgano parlamentario, cuyo objetivo formal era analizar la gestión de la seguridad y los servicios de inteligencia antes y durante los ataques, ha centrado gran parte de sus sesiones en la relación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, líder de la célula terrorista.

La creación de esta comisión fue el resultado de los acuerdos parlamentarios alcanzados entre el Partido Socialista y las formaciones independentistas catalanas, Junts y ERC, en el marco de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. El pacto respondía a la demanda histórica de estos grupos de auditar la actuación del Estado y de los servicios secretos durante la etapa del Gobierno del Partido Popular, sugiriendo una posible falta de transparencia en la gestión de la información previa al atentado.

El núcleo del debate parlamentario ha pivotado sobre la figura de Abdelbaki Es Satty. Durante el transcurso de la comisión, se ha analizado el contacto que mantuvieron agentes de la inteligencia española con el imán durante su estancia en prisión años antes de los ataques. Mientras que las formaciones independentistas sostienen la tesis de que el CNI disponía de información crítica que no fue compartida con los Mossos d’Esquadra por motivaciones políticas, el servicio secreto ha mantenido que el imán no fue una fuente de información de calidad y que los contactos se interrumpieron por falta de fiabilidad.

A esta controversia se sumó el testimonio del excomisario José Manuel Villarejo, quien afirmó ante la Cámara que los servicios de inteligencia habrían cometido errores de cálculo en su relación con el líder de la célula de Ripoll. No obstante, estas declaraciones han sido contrastadas por expertos en materia de inteligencia y lucha antiterrorista, quienes coinciden en señalar que no existen pruebas documentales contrastadas que demuestren que el Estado ocultara información de manera deliberada para permitir la ejecución de los atentados.

Por su parte, los grupos mayoritarios, PSOE y PP, han mantenido una postura de defensa institucional de los cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia, evitando alimentar las teorías de negligencia grave o conspiración. Este bloqueo de posturas ha dificultado la elaboración de un dictamen de consenso que ofrezca nuevas medidas para la mejora de los protocolos de lucha contra el terrorismo yihadista, una de las metas teóricas de la comisión.

Al término de los trabajos, las conclusiones reflejan la brecha persistente entre los partidos de la coalición parlamentaria y la oposición. Mientras algunos grupos insisten en la desclasificación de documentos reservados y en la apertura de nuevas diligencias fiscales, otros sectores técnicos y políticos consideran que la comisión no ha aportado datos sustanciales que alteren la verdad judicial ya establecida, dejando el escenario normativo y operativo de la seguridad nacional sin cambios significativos tras años de debate.