El Gobierno de España y las principales asociaciones de prensa han expresado su rechazo ante la expulsión de equipos informativos de RTVE y la Agencia EFE por parte de las autoridades de Marruecos. Los profesionales se encontraban en la localidad de Castillejos (Fnideq) cubriendo los movimientos migratorios hacia la frontera de Ceuta ante la previsión de nuevos intentos de entrada en la ciudad autónoma. La orden de salida fue ejecutada de forma verbal por un alto funcionario del Ministerio del Interior marroquí sin que mediara una explicación formal detallada.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido la primera representante del Ejecutivo en valorar los hechos de forma presencial. García ha calificado lo ocurrido como «absolutamente condenable» y ha trasladado su solidaridad a los periodistas afectados. Desde el Gabinete de la Presidencia se ha indicado que la Embajada de España en Rabat mantiene contacto permanente con los equipos informativos y con las autoridades del país magrebí para buscar una solución diplomática al incidente, subrayando que la libertad de prensa debe protegerse en todo momento y lugar.
Por su parte, la Corporación RTVE ha manifestado su «más enérgico rechazo» a través de su presidente, José Pablo López, quien ha definido la situación como un obstáculo de «enorme gravedad» al derecho a la información. Según el ente público, los periodistas fueron obligados a abandonar la zona bajo el argumento de estar «cumpliendo instrucciones», impidiéndoles documentar la situación social y los incidentes que se registraban en el entorno fronterizo mientras las fuerzas de seguridad marroquíes trataban de contener a los migrantes.
En contraposición a la versión española, medios de comunicación marroquíes como ‘Hespress’ han señalado que la medida responde a un criterio de reciprocidad. Citando fuentes propias, estas informaciones sostienen que la decisión se enmarca en un contexto de respuesta después de que, presuntamente, no se autorizara la entrada en Ceuta a un equipo del canal marroquí 2M que pretendía cubrir la actualidad en la ciudad autónoma española.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado a las quejas institucionales, exigiendo a Marruecos que garantice el ejercicio del periodismo en la zona. La federación considera que la expulsión constituye un ataque a la libertad de información recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha instado al Ejecutivo español a que traslade un malestar formal a las autoridades marroquíes y reclame un compromiso firme para que este tipo de actuaciones no vuelvan a repetirse con medios de comunicación españoles.
