La oposición marroquí propone la creación de diez escaños para representar a la población residente en el extranjero

El principal partido de la oposición en Marruecos, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), ha formalizado una propuesta para otorgar representación directa a los ciudadanos marroquíes residentes en el extranjero dentro de la Cámara de Representantes. El primer secretario de la formación, Idriss Lachgar, ha planteado la reserva de diez escaños adicionales para este colectivo, una medida que afectaría a una comunidad estimada oficialmente en casi seis millones de personas, con una presencia mayoritaria en países europeos como España.

La iniciativa legislativa, defendida por Lachgar durante un acto con motivo del Día Nacional del Migrante, contempla que estos diez nuevos parlamentarios se sumen a los 395 diputados que integran actualmente la Cámara baja. Según el dirigente socialista, el objetivo es evitar que la nueva representación reste peso político a los ciudadanos residentes en territorio nacional, planteando una ampliación del hemiciclo que permita a la diáspora llevar sus problemáticas específicas y participar directamente en la toma de decisiones del Estado.

Para la implementación de este mecanismo, la USFP propone una reforma del sistema electoral que incluya la creación de una circunscripción específica para los marroquíes en el exterior. Esto requeriría la habilitación de listas electorales especiales y la garantía del ejercicio del voto directo desde las embajadas y consulados, superando el actual modelo donde la participación de la diáspora se canaliza principalmente a través de órganos consultivos.

Desde el punto de vista jurídico, la propuesta se apoya en el marco constitucional vigente. La Constitución de Marruecos reconoce en su artículo 17 el derecho de los ciudadanos residentes en el extranjero a ser electores y elegibles, delegando en la ley la determinación de las condiciones para ejercer estos derechos. Asimismo, el artículo 18 insta a promover una participación amplia de esta comunidad en las instituciones del país, reconociéndolos como un activo estratégico para el desarrollo nacional.

La relevancia de esta medida tiene un impacto directo en España, país que alberga la comunidad marroquí más numerosa en el extranjero. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a principios de 2025 residían en territorio español cerca de un millón de ciudadanos con nacionalidad marroquí. A esta cifra se suman aquellos nacidos en el país magrebí que han obtenido la nacionalidad española, consolidando a Marruecos como el segundo país de origen extracomunitario con mayor número de naturalizaciones en la Unión Europea durante el último año.

La posible entrada de representantes de la diáspora en el Parlamento de Rabat permitiría abordar de manera institucional asuntos bilaterales de alta sensibilidad, tales como servicios consulares, convenios educativos, inversiones y derechos migratorios. No obstante, la propuesta surge en un contexto de complejidad diplomática entre Madrid y Rabat, marcado por la gestión de los flujos migratorios en las fronteras de Ceuta y Melilla y las recientes discrepancias en torno a la soberanía de las ciudades autónomas.

Por el momento, la iniciativa se mantiene en el ámbito de la propuesta parlamentaria de la oposición. Su aprobación definitiva requeriría un consenso político para modificar la actual legislación electoral, que distribuye los 395 escaños actuales entre 305 diputados de circunscripciones locales y 90 de carácter regional. El debate pone de manifiesto la intención de las fuerzas políticas marroquíes de redefinir el rol institucional de una diáspora que mantiene vínculos económicos y sociales fundamentales para la estabilidad del Reino.