El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado a declarar en calidad de investigados a la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma, Kissy Chandiramani (PP), y al diputado no adscrito de la Asamblea de Ceuta, Mohamed Navil Rahal. La providencia judicial se enmarca en la investigación de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos relacionados con la adjudicación del contrato para la instalación de mataderos provisionales durante la Fiesta del Cordero.
El magistrado ha fijado la comparecencia de ambos responsables para el próximo 22 de septiembre, requiriendo su presencia física en sede judicial. Asimismo, el auto contempla la citación como testigo de Ana Belén Sánchez González, administradora de la empresa adjudicataria, Herederos de M. Jimena SL, y cónyuge del diputado investigado. El contrato objeto de la controversia cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros para la gestión de las instalaciones de sacrificio en la ciudad autónoma.
La investigación judicial se sustenta en una denuncia presentada por la organización Abogados Cristianos, que advierte de posibles irregularidades en el proceso de licitación. Según el texto de la denuncia, la adjudicación se produjo tras una modificación presupuestaria que elevó significativamente la partida destinada a este servicio, coincidiendo temporalmente con el apoyo del diputado Rahal a las cuentas públicas presentadas por el Gobierno local del Partido Popular.
La parte demandante sostiene que el contrato se formalizó contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público, al ignorar presuntamente la suspensión automática derivada de un recurso especial interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Además, se señala que la oferta más económica fue descartada por la Administración al ser calificada como «anormalmente baja», lo que permitió que la licitación recayera en la empresa vinculada al entorno familiar del diputado no adscrito.
Mohamed Navil Rahal, quien formaba parte de las filas del PSOE antes de su expulsión por discrepancias en la disciplina de voto, ha sido una figura clave en la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo ceutí. La cronología de los hechos aportada a la causa indica que su cónyuge asumió la administración única de la empresa beneficiaria apenas veinticuatro horas después de que el diputado confirmara su respaldo a los presupuestos autonómicos.
Por su parte, la consejera Chandiramani ya ha afrontado procesos judiciales previos. En 2023, la responsable de Hacienda compareció ante la justicia en relación con el denominado ‘caso Emvicesa’, centrado en irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas, si bien dicho procedimiento fue archivado al no apreciarse indicios de criminalidad suficientes en su actuación administrativa.
El actual procedimiento busca esclarecer si el incremento del 54% en el coste del servicio respecto a ejercicios anteriores —justificado inicialmente por la Administración debido al aumento de los costes de producción y la ampliación de puntos de sacrificio— se ajusta a derecho o si respondió a intereses ajenos a la función pública. El contrato, que contempla una duración de cuatro años, podría alcanzar un valor total de tres millones de euros si se ejecutan las prórrogas previstas.
