La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha solicitado este lunes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, una mayor transparencia y la aportación de datos concretos respecto a la adquisición de un inmueble en el distrito madrileño de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La exigencia socialista se produce en un contexto de debate sobre la gestión del patrimonio público y la posible habilitación de una residencia oficial para la jefatura del Ejecutivo autonómico.
Espinar ha cuestionado la idoneidad y el coste de la operación, que cifra en más de seis millones de euros. Según la representante del Grupo Socialista, la compra del mencionado ático se habría realizado «a escondidas», por lo que ha instado a la presidenta a ofrecer una explicación pormenorizada sobre los motivos técnicos y administrativos que justificaron la inversión. Desde la oposición se ha señalado, además, la coincidencia temporal de esta compra con movimientos inmobiliarios en el entorno personal de Díaz Ayuso.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la necesidad de disponer de una residencia oficial, especialmente a diez meses de la celebración de las próximas elecciones autonómicas. Durante una visita a la localidad de San Martín de Valdeiglesias, la presidenta madrileña aseguró que no ha solicitado tal infraestructura. «No la he necesitado ni la he pedido», afirmó de forma tajante, tratando de desvincular su actividad institucional de la gestión de dicho inmueble.
No obstante, el PSOE considera «ridículas» las justificaciones ofrecidas hasta el momento por el Gobierno regional. Mar Espinar incidió en que los ciudadanos madrileños tienen derecho a conocer la naturaleza de lo que calificó como «actuaciones personalísimas» con cargo al erario público. La portavoz socialista vinculó el gasto de la administración con la ubicación estratégica de la propiedad y exigió que se aclare para quién y con qué fin institucional se destinaron los fondos públicos.
La polémica surge en un momento de precampaña electoral, donde la fiscalización de los gastos de la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación entre el Gobierno y la oposición parlamentaria. Mientras el Ejecutivo defiende la legalidad de sus procedimientos patrimoniales, el PSOE mantiene su ofensiva exigiendo la publicación de todos los expedientes relacionados con la adquisición de viviendas y locales en el centro de la capital.
