La Fiscalía de Menores advierte de la obligatoriedad legal de evaluar individualmente cada retorno desde Ceuta

La fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha subrayado la imposibilidad legal de proceder a la devolución inmediata y colectiva de los menores extranjeros no acompañados que han llegado recientemente a Ceuta. Según ha explicado la representante del Ministerio Público, cualquier proceso de retorno debe estar sujeto a una valoración individualizada del «interés superior del menor», tal como establecen el marco jurídico nacional y los convenios internacionales suscritos por España.

En declaraciones institucionales, Gisbert ha señalado que la normativa vigente impide las devoluciones directas sin conocer previamente las circunstancias personales de cada niño. Este procedimiento responde a un sistema de garantías de obligado cumplimiento recogido en la Ley de Extranjería, la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño y el recientemente entrado en vigor Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), que rige desde junio de 2026.

La fiscal ha detallado que el protocolo legal exige la realización de entrevistas personales con intérpretes, la evaluación de la situación familiar en el país de origen y la elaboración de informes que aseguren que el menor no quedará en una situación de desprotección tras su regreso. «La normativa está clarísima y es europea; no se puede no cumplir con la legislación», ha aseverado, insistiendo en que asegurar estas garantías requiere tiempos administrativos que no permiten la instantaneidad.

Respecto a la gestión de la acogida en las comunidades autónomas, Gisbert ha reconocido la existencia de reticencias por parte de algunos gobiernos regionales. Según su testimonio, la Fiscalía ha tenido que intervenir personalmente en diversas autonomías —mencionando específicamente casos en regiones gobernadas por el Partido Popular y Vox— para recordar la obligatoriedad de cumplir con los reales decretos de contingencia migratoria y la acogida de menores protegidos por la ley.

En relación con la situación actual en la ciudad autónoma de Ceuta, la fiscalía ha cifrado en 800 el número de menores que ya residían en el sistema de protección antes del incremento migratorio de finales de julio. Como medida prioritaria ante la sobreocupación, se ha establecido el traslado de 500 niñas a la península, siguiendo criterios de vulnerabilidad. Gisbert ha indicado que, hasta la fecha, los menores entrevistados manifiestan su deseo de permanecer en territorio español y que no constan reclamaciones de progenitores desde Marruecos para su retorno.

Finalmente, desde la Fiscalía se ha puesto en valor el trabajo coordinado de los equipos desplazados a Ceuta. Para reforzar estas labores de gestión y evaluación jurídica, se ha anunciado la apertura de comisiones de servicio voluntarias para que otros fiscales puedan desplazarse a la ciudad autónoma y agilizar los procedimientos legales requeridos por la actual crisis migratoria.