El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso del PP para obligar a los ministros a comparecer en el Senado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Partido Popular (PP) con el objetivo de obligar a varios ministros del Gobierno a comparecer en el Senado durante el presente mes de agosto. La formación de la oposición recurrió a la vía judicial tras las recientes incomparecencias de los titulares de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa en las comisiones de la Cámara Alta para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta.
En una diligencia de ordenación emitida este jueves, la Sala Tercera del alto tribunal ha dado por recibido el escrito y ha acordado remitir las actuaciones a la Sala de Vacaciones. Este órgano será el encargado de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por el Grupo Popular, que demanda una resolución urgente antes de que finalice el periodo estival.
El conflicto parlamentario se originó tras la ausencia de José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en las comisiones a las que habían sido citados la pasada semana. El objeto de dichas sesiones era abordar la gestión gubernamental ante la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El PP solicita al Supremo que ordene al Ejecutivo cesar en lo que califican como una conducta de elusión de las funciones de control de la Cámara Alta.
La solicitud de medidas cautelares incluye la petición de que el Tribunal Supremo adopte, en un plazo de 24 horas, las decisiones necesarias para garantizar que las comparecencias pendientes se produzcan antes de septiembre. Asimismo, el recurso pretende evitar que el Gobierno condicione su presencia en el Senado a su participación en sesiones similares promovidas por el propio Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados.
En su argumentación jurídica, el Partido Popular sostiene que el Gobierno no posee la facultad unilateral de elegir ante qué cámara de las Cortes Generales rinde cuentas. Según el escrito, el ejercicio de las funciones de control en el Congreso no puede sustituir ni anular una solicitud debidamente tramitada por el Senado, defendiendo la plena autonomía de la Cámara Alta en el ejercicio de sus competencias constitucionales.
Finalmente, los populares consideran que el actual proceder del Ejecutivo vulnera los derechos fundamentales de los senadores al impedir el ejercicio efectivo de la labor de fiscalización. La resolución de la Sala de Vacaciones en los próximos días determinará si el Gobierno debe reajustar su agenda institucional para cumplir con los requerimientos de la Cámara territorial de manera inmediata.
