La oposición denuncia falta de transparencia en el expediente de compra del ático de Chamberí
Los grupos parlamentarios del PSOE-M y Más Madrid han denunciado este martes lo que consideran una falta de transparencia por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras recibir respuestas administrativas que dilatan o condicionan el acceso al expediente de compra de un inmueble en el distrito de Chamberí. La adquisición, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que solicita conocer los detalles técnicos y contractuales de la operación.
El Ejecutivo autonómico ha respondido a la petición de información de la diputada socialista Tatiana Jiménez Liébana remitiéndose al Reglamento de la Asamblea de Madrid. Según la comunicación oficial, el acceso al expediente debe tramitarse por conducto de la Presidencia de la Cámara, previa calificación de la Mesa. El Gobierno regional sostiene que este es el cauce legalmente establecido en el artículo 18 de la normativa parlamentaria para las solicitudes formuladas por los legisladores en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado este procedimiento al considerar que supeditar la entrega de información a la Mesa de la Asamblea —donde el Partido Popular cuenta con mayoría— podría obstaculizar la fiscalización de fondos públicos. Para la formación socialista, la remisión a los cauces parlamentarios ordinarios supone una demora injustificada en el acceso a documentación que, a su juicio, debería ser de acceso público inmediato.
En una línea similar, Más Madrid ha denunciado una dilación en la entrega de la documentación requerida por el diputado Hugo Martínez Abarca a través del Portal de Transparencia. En este caso, la Comunidad de Madrid ha notificado la suspensión del plazo para resolver la solicitud por un periodo de quince días hábiles. El motivo alegado es la necesidad de realizar un trámite de audiencia a terceras personas cuyos derechos o intereses legítimos podrían verse afectados por la divulgación de los datos contenidos en el expediente.
La administración regional ha invocado la Ley 10/2019 de Transparencia y el Reglamento Europeo de Protección de Datos para justificar esta consulta previa. Según el comunicado remitido a la formación, se debe constatar si la información solicitada vulnera derechos de terceros identificados en el proceso de compraventa antes de proceder a la liberación de los documentos originales del contrato de adquisición del inmueble situado en la calle Martínez Campos.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado anteriormente las acusaciones de la oposición sobre un posible uso personal del inmueble. La jefa del Ejecutivo madrileño ha encuadrado la operación dentro de una estrategia de gestión patrimonial de la empresa Planifica Madrid, desvinculándose de la toma de decisiones técnica de la entidad. Según la versión oficial, la compra formaba parte de un plan de reforma de sedes administrativas que finalmente ha sido modificado.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha confirmado que el ático ha sido puesto a la venta mediante el Portal de la Contratación Pública con un precio de salida de 6,7 millones de euros. La finalidad declarada de esta enajenación es obtener recursos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en la Sierra Oeste. Además de este activo, la administración regional ha sacado al mercado otros cuatro inmuebles en la Gran Vía, valorados en 11,8 millones de euros, dentro de un paquete global de desinversión de activos inmobiliarios públicos.


