Dávila califica de «asunto menor» la compra del ático en Chamberí frente a la crisis migratoria en Ceuta
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido este viernes la transparencia en la adquisición de un ático en el distrito de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid. Dávila ha tildado la polémica de «cuestión menor» y ha instado a centrar el foco político en la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta, exigiendo responsabilidades directas al Gobierno de España.
En declaraciones ante los medios de comunicación, la consejera ha insistido en que el Ejecutivo autonómico ya ha ofrecido todas las explicaciones pertinentes sobre la operación inmobiliaria. Estas manifestaciones se producen tras conocerse que la vendedora del inmueble, Astrid Gil-Casares, habría autorizado por escrito a la Comunidad de Madrid a difundir los detalles técnicos y económicos de la compraventa para zanjar las dudas sobre la idoneidad de la transacción.
«Con todo lo que estamos viviendo en nuestro país ahora mismo, con la crisis que están viviendo en Ceuta, que tengamos que seguir hablando de esta situación menor no tiene ningún sentido», ha manifestado Dávila. La consejera ha recalcado que el debate sobre el ático carece de relevancia en comparación con la entrada masiva de migrantes en territorio nacional, una situación que, según su criterio, el Gobierno central «sabía y no evitó».
Dávila ha dirigido sus críticas directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al mando único para la gestión migratoria, el ministro Ángel Víctor Torres. La responsable madrileña ha urgido al Ejecutivo central a proceder con el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen para que se reúnan con sus familias, apelando al principio del interés superior del menor y a las competencias exclusivas del Estado en materia de extranjería y fronteras.
Asimismo, la consejera se ha pronunciado sobre el anuncio del Ministerio del Interior relativo a la inversión de 35,6 millones de euros para reforzar los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú. Aunque ha valorado la medida señalando que «ya era hora», ha denunciado una presunta «inacción completa» de los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Inclusión y Defensa durante los últimos años.
Finalmente, desde la Consejería de Familia se ha alertado sobre la saturación de los centros de atención de la región. Dávila ha sostenido que la política de «fronteras abiertas» sin filtros ha generado un «efecto llamada masivo» que ha derivado en el colapso de los recursos asistenciales en diversas comunidades autónomas, exigiendo una coordinación efectiva y una política migratoria más rigurosa por parte de la administración central.
