Podemos solicita la intervención de la Comisión Europea ante la situación migratoria en Ceuta
Las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isabel Serra, han remitido una serie de misivas a la Comisión Europea solicitando una actuación «urgente» para abordar la crisis humanitaria en Ceuta. En el documento, la formación califica de «negligente» la gestión realizada por el Gobierno de España tras los episodios de entradas migratorias registrados los pasados días 30 y 31 de julio, instando a las autoridades comunitarias a supervisar la protección de los derechos humanos en la ciudad autónoma.
La iniciativa, dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a los comisarios de Asuntos de Interior e Igualdad, Magnus Brunner y Hadja Lahbib, denuncia una situación de «extrema vulnerabilidad» que afecta especialmente a mujeres y menores no acompañados. Según el texto enviado a Bruselas, el Ejecutivo central habría incurrido en una «dejación de sus obligaciones de protección», motivo por el cual Podemos demanda una respuesta coordinada a nivel europeo.
Entre las peticiones concretas trasladadas a las instituciones europeas, las representantes de Podemos exigen que se garantice de manera inmediata el acceso a servicios básicos como alojamiento, alimentación, agua potable y atención sanitaria. Asimismo, las eurodiputadas subrayan la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para los colectivos más vulnerables y asegurar que las organizaciones humanitarias puedan operar en la zona sin impedimentos.
El comunicado también hace hincapié en la supuesta existencia de «ataques racistas» contra las personas migrantes en la ciudad, un factor que, según la formación, agrava la emergencia humanitaria actual. En este sentido, Montero y Serra apelan al principio de «diligencia debida» que debe regir la actuación de los Estados miembros en la gestión de sus fronteras exteriores y en la acogida de solicitantes de protección.
Por último, la formación insta a que se facilite la labor de la Cruz Roja y otras entidades sociales, reclamando que estas puedan desarrollar sus funciones de asistencia con total seguridad. Esta petición se suma a la presión política que el grupo parlamentario busca ejercer en el marco de la Unión Europea para modificar la política migratoria y de asilo aplicada en la frontera sur española.
