La Policía Nacional investiga la implicación de activistas en los incidentes violentos registrados en Ceuta
La Policía Nacional ha iniciado una investigación técnica para esclarecer la presunta infiltración de elementos radicales y la participación de miembros de la organización no gubernamental No Name Kitchen en la distribución de artefactos de fabricación casera en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las pesquisas se centran en el uso de sustancias corrosivas y precursores químicos empleados en recientes agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la población civil, tras el incremento de la tensión en el perímetro fronterizo y los asentamientos irregulares.
Los servicios de información policial activaron los protocolos de alerta tras recibir comunicaciones de diversos establecimientos comerciales sobre la adquisición inusual y masiva de aguafuerte y papel de aluminio por parte de ciudadanos extranjeros asistidos por integrantes de la citada ONG. Estos componentes, según confirman fuentes de la investigación, son utilizados para confeccionar dispositivos conocidos como «bombas de salfumán», los cuales provocan deflagraciones y la liberación de gases tóxicos al ser arrojados. Asimismo, se ha detectado el acopio de acetona, producto catalogado legalmente como precursor de sustancias explosivas.
Los hechos bajo investigación se relacionan con ataques directos contra efectivos militares desplegados en la zona y ciudadanos que participaban en protestas por la situación migratoria. En las últimas jornadas, se han registrado emboscadas con piedras y objetos contundentes contra miembros del Cuerpo de Regulares, resultando en varios agentes heridos. Hasta el momento, las intervenciones policiales se han saldado con la detención de al menos doce personas de nacionalidad marroquí vinculadas a estos altercados en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la playa de El Trampolín.
La organización No Name Kitchen, presente en Ceuta desde el año 2021, se encuentra en el foco de las autoridades tras la identificación de varios de sus activistas como presuntos instigadores de grupos violentos. El pasado 23 de agosto, dos de sus miembros fueron detenidos por resistencia a la autoridad. En un procedimiento judicial reciente, una activista de nacionalidad francesa vinculada a la entidad ha sido condenada por agredir a agentes de policía y dificultar la labor de seguridad en la barriada de Benítez, tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes.
La situación de presión migratoria en Ceuta mantiene una disparidad de cifras entre las administraciones. Mientras que el Gobierno central sitúa en 5.000 el número de personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del pasado mes, las autoridades locales y las fuerzas de seguridad elevan la estimación hasta los 10.000 individuos. La saturación de los centros de acogida y la proliferación de asentamientos irregulares han generado una demanda social creciente para la restauración del orden público y la agilización de los trámites de devolución al país de origen.
