El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que este martes expira el plazo oficial otorgado a Casa Árabe para que abandone el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, sede de la institución desde el año 2008. La decisión, anunciada originalmente por el alcalde José Luis Martínez-Almeida el pasado mes de junio, responde a la voluntad del Consistorio de recuperar la posesión del inmueble para acometer obras de conservación urgentes y devolver el espacio al uso público.
La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha señalado que el Gobierno municipal se mantiene a la espera de que la institución cumpla con su compromiso de desalojo, indicando que, hasta la fecha, el Ayuntamiento se encuentra «sin noticias» oficiales por parte de la dirección de Casa Árabe. García Romero advirtió que, en caso de que no se produzca la salida voluntaria, la administración local deberá estudiar el escenario desde una perspectiva jurídica y estructural para proceder con la recuperación del edificio.
Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, indicó que el Ejecutivo local ya trabaja en planes alternativos ante la posibilidad de que la salida no se haga efectiva en la fecha prevista. El Gobierno municipal sostiene que la recuperación de las Escuelas Aguirre es necesaria debido al estado de deterioro del inmueble, al incumplimiento de los términos de la cesión y a la situación financiera de la entidad, tras conocerse diversos informes del Tribunal de Cuentas.
El origen del conflicto administrativo y político se remonta a la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Casa Árabe durante la etapa de su exdirectora, Irene Lozano. Dicho documento alertaba de una situación financiera crítica, lo que provocó la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio. El alcalde de la capital ha justificado la medida como un «ejercicio de responsabilidad», alegando que ni el volumen de actividades ni la gestión reciente avalan la continuidad de la institución en dicha ubicación de titularidad municipal.
Desde la defensa de la institución, la exdirectora Irene Lozano ha rechazado las acusaciones de mala gestión, afirmando que el déficit de Casa Árabe es de carácter estructural y se remonta a los recortes de 2012. Lozano sostuvo que el patronato de la entidad, del que forma parte el Ayuntamiento de Madrid, aprobó en su momento todos los presupuestos y memorias. Asimismo, subrayó que su equipo ya había informado al Consistorio sobre el deterioro del inmueble, cuya reparación estructural correspondía a la propiedad municipal.
La jornada del vencimiento del plazo coincide con una nueva movilización convocada por alumnos y simpatizantes de la institución. Bajo el lema «Casa Árabe no se toca», se ha convocado una concentración en los jardines de las Escuelas Aguirre para rechazar el desalojo. Los usuarios, que han recabado más de 14.300 firmas a través de plataformas digitales, solicitan que el Ayuntamiento reconsidere su postura y abra una vía de diálogo para compatibilizar las reformas necesarias con el mantenimiento de la actividad cultural y académica en la sede.
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, representados por Más Madrid y PSOE, han cuestionado la decisión del Gobierno municipal al considerarla motivada por criterios políticos. Mientras tanto, el Partido Popular defiende la legalidad y legitimidad del proceso, insistiendo en que el objetivo primordial es asegurar la consolidación de un edificio histórico que presenta problemas estructurales de importancia.
