martes, septiembre 1, 2026
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Derechos Sociales reparte 432 millones a las autonomías

El Consejo de Ministros autoriza el reparto de 432 millones de euros para programas de interés social

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la distribución de 432.818.240 euros entre las comunidades autónomas de régimen común para la financiación de programas de interés social. Esta cuantía, que procede de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, representa un incremento del 15% respecto a la dotación del ejercicio anterior.

El reparto de los fondos se ha determinado mediante la aplicación de 13 criterios objetivos que buscan equilibrar las necesidades territoriales. Entre las variables consideradas figuran la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales y las tasas de envejecimiento o discapacidad. Asimismo, el acuerdo garantiza porcentajes fijos de financiación para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%) con el fin de asegurar un umbral mínimo de recursos en estos territorios.

Una vez autorizada por el Ejecutivo, la propuesta de distribución será sometida a la ratificación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Tras este trámite administrativo, las comunidades y ciudades autónomas serán las encargadas de gestionar sus propias convocatorias de subvenciones, a las que podrán concurrir entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan con los requisitos específicos de cada autonomía.

Este modelo de financiación se rige por un sistema de doble tramo establecido en 2021, que reserva el 20% de la recaudación para el ámbito estatal y transfiere el 80% restante a las administraciones autonómicas. Aunque el acuerdo original expiraba en junio de este año, el Ministerio de Derechos Sociales ha formalizado una prórroga de dos años y medio, extendiendo la vigencia del actual sistema hasta el 31 de diciembre de 2028 para garantizar la estabilidad de los proyectos en curso.

En la última convocatoria cerrada, estos fondos permitieron la ejecución de más de 10.000 proyectos de atención directa a la ciudadanía. Los programas financiados se centran en la asistencia social a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo a personas con discapacidad, infancia y familia, personas mayores y el pueblo gitano, con el objetivo de mitigar las situaciones de exclusión social en todo el territorio nacional.

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