El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley del Estatuto Marco para su remisión a las Cortes
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, en segunda vuelta, al Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Con esta aprobación, el texto inicia su andadura legislativa en el Congreso de los Diputados con el objetivo de modernizar una normativa vigente desde el año 2003 y adecuar las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud (SNS) a las necesidades actuales del modelo asistencial.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado en rueda de prensa que esta reforma representa una «mejora sustancial» de las condiciones básicas para los profesionales sanitarios. El Ejecutivo sostiene que la norma permitirá resolver parte del malestar laboral en el sector, trasladando ahora el debate a la Cámara Baja, donde los grupos políticos deberán posicionarse sobre el articulado definitivo.
Entre las novedades más destacadas del proyecto se encuentra la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas y la limitación de las jornadas de guardia a un máximo de 17 horas. El texto abre la posibilidad de que las comunidades autónomas disminuyan esta duración hasta las 12 horas. Asimismo, se establecen supuestos de exención de guardias para profesionales en periodos de embarazo y lactancia, personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, trabajadores con problemas de salud acreditados y, según determine cada servicio de salud, para los mayores de 55 años.
El nuevo marco normativo incorpora el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal, junto con medidas específicas para hacer frente a las agresiones en el entorno sanitario. De igual modo, se incluye por primera vez la regulación de la figura del personal estatutario investigador, la profesionalización de los puestos directivos y una normativa específica para la cobertura de plazas en puestos de difícil desempeño, un desafío recurrente en la gestión de los servicios de salud regionales.
A pesar de que el texto cuenta con el respaldo del Ministerio de Sanidad y de sindicatos presentes en la mesa de negociación como SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF, la norma afronta el rechazo de los sindicatos de médicos y facultativos. Estos colectivos reclaman un estatuto exclusivo que reconozca las particularidades de su profesión y han advertido sobre la continuidad de las movilizaciones y la posibilidad de una huelga indefinida a partir de septiembre.
Por su parte, diversas administraciones autonómicas han manifestado su oposición al anteproyecto, instando al Gobierno a retirar la propuesta actual para iniciar una nueva redacción basada en un acuerdo estatal amplio. Ante estas críticas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado que el Gobierno cumple con la actualización del marco estatal, delegando en las comunidades autónomas la responsabilidad de aplicar las mejoras y negociar condiciones adicionales con los sindicatos en sus respectivos territorios.
Tras este paso en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, donde el Ejecutivo deberá recabar los apoyos necesarios para su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
