Un juzgado de A Coruña investiga a altos cargos de la Agencia Tributaria por presunta prevaricación
El Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña ha iniciado una investigación formal contra cinco funcionarios de la Agencia Tributaria, entre los que se encuentran altos cargos del organismo, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos, coacciones e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. La causa judicial se origina tras una querella admitida a trámite el pasado mes de junio, presentada por la petrolera Hatta Energy.
Entre los investigados destacan Eva Ana García Muntaner, inspectora jefe de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), y Miguel Cárcaba, delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia. La investigación también alcanza a otros tres empleados públicos de la delegación gallega: el inspector José Enrique Gómez, la jefa de equipo María Carmen de la Fuente y el técnico Óscar Luis Almeida. El tribunal analiza si existió una actuación coordinada para perjudicar la actividad comercial de la compañía demandante.
El núcleo del conflicto jurídico reside en la denegación a Hatta Energy de la condición de «operador confiable». Esta categoría, regulada por el Ministerio de Hacienda, permite a un grupo reducido de empresas del sector de hidrocarburos operar con normalidad en los depósitos fiscales. Actualmente, solo ocho operadores en España gozan de este estatus, mientras que el resto debe depositar un aval o seguro de caución equivalente al 110% de la cuota del IVA de los dos últimos meses para poder distribuir combustible a las estaciones de servicio.
Según el texto de la querella, la petrolera solicitó formalmente su inclusión en este registro en enero de 2026. La demandante sostiene que los funcionarios investigados emplearon maniobras dilatorias y omitieron deliberadamente el procedimiento administrativo para alcanzar el silencio administrativo negativo. Asimismo, denuncian la realización de inspecciones extraordinarias y requerimientos telefónicos constantes que, a juicio de la empresa, constituyeron un «acoso sostenido» destinado a forzar su asfixia económica frente a la competencia.
La cronología de los hechos remitida al juzgado indica que, mientras otros operadores obtenían la resolución favorable de forma ágil, el procedimiento de Hatta Energy se prolongó durante meses con requerimientos sobre documentos ya aportados o cuentas anuales aún no formuladas. La Agencia Tributaria emitió finalmente una resolución denegatoria en marzo de 2026, basándose en argumentos financieros que la petrolera considera contrarios a la legislación vigente y que ahora son objeto de revisión judicial.
Hatta Energy ha declinado realizar declaraciones oficiales sobre el avance de las diligencias previas, manteniendo la reserva sobre la estrategia procesal. Por su parte, la investigación judicial busca determinar si los actos administrativos de los funcionarios se ajustaron a derecho o si, por el contrario, se utilizaron las potestades de inspección y control de forma arbitraria para impedir el ejercicio de la actividad económica de la sociedad querellante.
