La justicia investiga los ataques a las fuerzas de seguridad en Ceuta y el origen de artefactos incendiarios
El Tribunal de Instancia de Ceuta ha incoado un procedimiento judicial para investigar los recientes ataques sufridos por efectivos militares y agentes de la Policía Nacional en la ciudad autónoma. El auto judicial, que califica los hechos como un presunto delito de desórdenes públicos, pone el foco en la posible distribución de artefactos con capacidad de provocar deflagraciones o liberar gases durante los altercados registrados en el perímetro fronterizo y diversas zonas urbanas.
La investigación se origina a raíz de una querella presentada por la asociación Hazte Oír, la cual ha sido admitida a trámite y acumulada a las diligencias previas ya existentes. El tribunal busca determinar la trazabilidad de los dispositivos utilizados, solicitando diligencias para identificar a los responsables de la fabricación, transporte, almacenamiento y suministro de dicho material. Asimismo, la justicia indaga si existió algún tipo de coordinación organizada o auxilio externo en el desarrollo de las conductas violentas denunciadas.
En el marco de estas actuaciones, se ha solicitado la identificación de los posibles implicados y la preservación de todos los registros audiovisuales y periciales disponibles. La querella se dirige, entre otros, contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, con el objetivo de esclarecer si hubo algún grado de responsabilidad o falta de coordinación en la gestión de la seguridad ciudadana y la prevención de estos episodios de violencia.
Paralelamente a la instrucción judicial, las fuerzas de seguridad han procedido este jueves a la detención de un individuo tras un incidente violento contra una patrulla del Ejército. Según informan fuentes policiales, el arrestado fue interceptado mientras intentaba acceder a una vivienda particular; al ser descubierto, emprendió una huida en la que arremetió deliberadamente contra los militares con el lanzamiento de piedras y mostró una resistencia violenta mediante golpes y patadas antes de ser reducido.
Ante el incremento de la tensión, las principales organizaciones de representación profesional han manifestado su preocupación. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han emitido un comunicado conjunto en el que condenan con firmeza las agresiones sufridas por los efectivos destinados en Ceuta. Las asociaciones reclaman medidas de protección adicionales y un respaldo institucional claro frente a la gravedad de los hechos descritos.
Finalmente, el juzgado ha reconocido a la asociación querellante la condición de acusación popular dentro de la causa. El procedimiento administrativo y judicial continuará con el análisis de los informes policiales y la toma de declaraciones, mientras se espera que el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno aporten la documentación requerida para el esclarecimiento total de la logística empleada en los desórdenes.
