El Partido Popular (PP) ha iniciado los preparativos para una posible ofensiva judicial contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria en Ceuta que se ha saldado con el fallecimiento de 145 personas. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo analiza personarse en instancias superiores, incluyendo el Tribunal Supremo, para dirimir las responsabilidades derivadas de la gestión de la seguridad fronteriza y la integridad territorial.
Durante su reciente intervención en el Congreso de los Diputados, Feijóo advirtió al jefe del Ejecutivo que los sucesos en la ciudad autónoma no quedarán impunes, señalando que la responsabilidad deberá asumirse «ante la Justicia y ante las urnas». El principal partido de la oposición fundamenta su estrategia en el avance de las investigaciones que actualmente dirige la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional, tras las denuncias presentadas por diversas organizaciones civiles por presuntos delitos en la gestión de la entrada masiva de personas.
Fuentes de la dirección nacional del PP indican que la formación está a la espera de conocer el contenido íntegro de los informes policiales y de inteligencia para decidir el alcance de sus acciones legales. El objetivo prioritario es fiscalizar si el Gobierno ignoró avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la vulnerabilidad de la frontera. El PP ya se ha personado como acusación en la causa abierta en la Audiencia Nacional, pero contempla que el procedimiento escale al Tribunal Supremo debido a la condición de aforados de los miembros del gabinete gubernamental.
En el ámbito parlamentario, el Partido Popular baraja diversas herramientas de control, sin descartar el uso de su mayoría absoluta en el Senado para impulsar comisiones de investigación. Por su parte, la formación Vox ha propuesto la activación del artículo 102 de la Constitución Española, que regula la responsabilidad criminal del presidente y los ministros, bajo la acusación de presuntos delitos de traición y contra la seguridad del Estado. No obstante, el PP mantiene por el momento su propia hoja de ruta basada en el análisis del recorrido judicial de las causas ya abiertas.
La controversia también alcanza al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. La oposición escruta sus recientes comunicaciones con la Dirección General de la Policía acerca de la existencia de informes previos a la crisis migratoria. Desde el Partido Popular se interpreta este movimiento ministerial como una posible estrategia de defensa ante futuras citaciones judiciales, mientras insisten en que la gravedad de los hechos ocurridos en Ceuta constituye un «polvorín» que exige la asunción inmediata de responsabilidades políticas y penales.
