AENA califica de inconstitucional la propuesta de cogestión aeroportuaria de Baleares ante su debate en el Congreso
La sociedad mercantil AENA ha remitido una comunicación formal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que califica de «inconstitucional» la proposición de ley de cogestión aeroportuaria de Baleares. El pronunciamiento de la compañía se produce después de que el Gobierno de España decidiera levantar el veto presupuestario que pesaba sobre esta iniciativa, permitiendo así que el texto sea debatido y tomado en consideración por el Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
En el escrito, firmado por la secretaria del consejo de administración, Elena Roldán, la empresa sostiene que la propuesta legislativa contiene previsiones que resultan «claramente incompatibles con el marco legal vigente». AENA defiende que las competencias normativas, de supervisión y de regulación de los aeropuertos de interés general corresponden exclusivamente al Estado, de acuerdo con el marco constitucional de aplicación, y advierte que las comunidades autónomas no pueden asumir la gestión directa de estas infraestructuras.
La compañía ha precisado que, si bien las regiones cuentan con competencias relevantes para la actividad aeroportuaria y el transporte aéreo, estas deben ejercerse dentro del marco normativo actual. Según AENA, el modelo planteado por el Parlament balear excede las atribuciones de los comités de coordinación existentes y choca con el «principio de solidaridad económica» que rige la red nacional, mediante el cual los aeropuertos con mayor tráfico financian la operatividad de las instalaciones con menor actividad.
Ante la eventual tramitación de la norma en la Cámara Baja, AENA ha manifestado su confianza en que las Cortes Generales aseguren la adecuación de cualquier texto legislativo al ordenamiento constitucional. No obstante, la dirección de la sociedad ha advertido que, de ser aprobada la ley en sus términos actuales, adoptará «las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas».
El cambio de postura del Ejecutivo central ha desbloqueado la tramitación de una iniciativa que inicialmente fue rechazada por el propio Gobierno. En sus alegaciones previas, el Ministerio de Transportes sostenía que la cogestión tendría un impacto económico «muy significativo» en las cuentas de AENA, afectando directamente a la recaudación de tarifas, al tráfico aéreo y, en última instancia, a la distribución de dividendos de la entidad semipública.
Con el levantamiento del veto, la proposición de ley iniciará su recorrido parlamentario en el Congreso, donde los grupos deberán posicionarse sobre un modelo de gestión que busca otorgar mayor peso institucional a la administración autonómica balear en la toma de decisiones estratégicas de sus terminales aéreas, una aspiración que AENA considera contraria al bloque de constitucionalidad.
