La Fiscalía General del Estado registra un récord de expedientes de determinación de edad de menores extranjeros

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado su memoria anual correspondiente al ejercicio 2025, en la que se consigna una cifra récord de 7.999 expedientes de determinación de edad incoados a menores extranjeros no acompañados. A pesar del incremento en la actividad administrativa, el documento de este año omite el desglose de los resultados de dichas pruebas, una información que en ejercicios anteriores permitió conocer el porcentaje de individuos que, tras las diligencias, resultaron ser mayores de edad.

El Ministerio Público justifica la ausencia de estos datos definitivos señalando que, al cierre del 31 de diciembre de 2025, quedaban pendientes de resolución 3.904 expedientes, lo que representa casi la mitad del total. Según la memoria, esta acumulación de casos responde a la falta de medios personales y materiales necesarios para gestionar el volumen de trabajo derivado de la identificación de ciudadanos extranjeros indocumentados que acceden al territorio nacional.

El informe subraya que durante el pasado año se produjo una llegada masiva de menores extranjeros, especialmente a través de las Islas Canarias y Ceuta, regiones que fueron declaradas en situación de contingencia migratoria. Esta presión asistencial obligó a establecer mecanismos de reparto equitativo entre las comunidades autónomas para evitar el colapso de los sistemas de protección regionales y facilitar la movilidad de los menores en el territorio.

En términos comparativos, la memoria del año 2024 reflejó que, de las 7.562 diligencias practicadas, 2.457 resultaron ser mayores de edad, mientras que 3.825 fueron confirmados como menores o existían indicios de que lo fueran. El resto de los expedientes concluyeron sin resultado debido al abandono de los centros por parte de los interesados antes de finalizar las pruebas. En aquel periodo, la publicación de estas estadísticas generó un intenso debate institucional y político sobre la eficacia de los sistemas de filiación.

La Fiscalía ha advertido asimismo sobre los riesgos de la creación de centros de acogida de grandes dimensiones. Según el organismo, el modelo de macrocentros dificulta el tratamiento individualizado, la integración social y el desarrollo educativo de los menores. A esta situación se suma la baja tasa de repatriaciones; en 2024 solo se ejecutaron ocho, ninguna de ellas con destino a Marruecos, ante la persistente falta de colaboración de las autoridades del país vecino.

En cuanto a los protocolos técnicos, el proceso de determinación de la edad se activa ante dudas razonables sobre la minoría de edad por falta de documentación o apariencia física. El procedimiento consiste en un examen médico multidisciplinar que incluye entrevistas, exploraciones físicas dentales, radiografías de muñeca bajo el método Greulich y Pyle, y ortopantomografías. En los casos de mayor complejidad, se recurre a tomografías de la articulación esternoclavicular.

Finalmente, la situación en Ceuta sigue siendo uno de los puntos críticos del sistema. Se estima que en la ciudad autónoma se encuentran bajo protección entre 1.500 y 2.000 jóvenes pendientes de la realización de las pruebas de edad. Aunque se han iniciado traslados a la Península, principalmente de perfiles vulnerables, el volumen de menores identificados tras los picos migratorios de los últimos meses continúa superando la capacidad operativa de los recursos disponibles para su plena documentación y seguimiento.