Colectivos feministas exigen el traslado a la península de las menores migrantes llegadas a Ceuta

Un total de 110 organizaciones feministas han suscrito una petición formal para el traslado inmediato a la península de las menores no acompañadas que accedieron a Ceuta durante la crisis migratoria del pasado 30 de julio. Las asociaciones fundamentan su demanda en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025, que establece un sistema de reubicación solidaria entre comunidades autónomas ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

La iniciativa, impulsada por la Asociación María de la O Lejárraga de Granada, sostiene que el marco legal vigente obliga a que el interés superior del menor prevalezca sobre cualquier consideración administrativa. En la misiva, las entidades firmantes —entre las que se encuentran La Frontissa, Mujeres por la Paz y la Plataforma Feminista Galega— subrayan que la normativa establece criterios objetivos de distribución y plazos máximos de quince días para materializar los traslados desde las zonas de llegada.

El documento remitido a las autoridades denuncia la postura de diversas comunidades autónomas que han manifestado su rechazo a la acogida de los menores que les corresponden por cupo. Según el colectivo, esta negativa supone una vulneración del principio de solidaridad territorial y de las obligaciones constitucionales de los poderes públicos en materia de protección de la infancia y la adolescencia.

Las asociaciones han dirigido parte de sus exigencias al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como responsable de la administración que ejerce la tutela legal de estas menores. Le instan a adoptar las medidas necesarias para facilitar su derivación a recursos de acogida en el territorio peninsular que, aseguran, ya se encuentran preparados para recibirlas en condiciones de seguridad.

Este movimiento civil se produce en un contexto de tensiones institucionales y diplomáticas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado recientemente las dificultades para el retorno de los menores a sus países de origen, denunciando la falta de cooperación por parte de Marruecos, incluso en aquellos casos donde existe un consentimiento explícito por parte de las familias para la reagrupación en origen.

La movilización de estas 110 entidades refuerza el debate sobre la gestión migratoria y la corresponsabilidad autonómica, alineándose con las tesis de la administración central que aboga por una distribución vinculante de la tutela de menores extranjeros ante situaciones de saturación en las regiones fronterizas.