Transparencia obliga a Exteriores a revelar el desglose por países de las nacionalidades concedidas por la ‘ley de nietos’

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado una resolución por la que obliga al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a hacer públicos los datos detallados sobre las nacionalidades españolas concedidas bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos». La decisión del organismo de control se produce tras el silencio administrativo del departamento que dirige José Manuel Albares, que no respondió a las solicitudes de información ciudadanas ni a los requerimientos del propio Consejo.

La resolución, fechada el 12 de agosto de 2026, exige a Exteriores la entrega de datos desagregados por países, con una distinción clara entre solicitudes recibidas, expedientes resueltos favorablemente, denegados y aquellos que permanecen pendientes de resolución. Además, el Ministerio deberá especificar las vías legales utilizadas para el acceso a la nacionalidad y detallar las estadísticas relativas a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, que también permitió el acceso a la ciudadanía a descendientes de españoles.

La relevancia de esta información reside en el volumen masivo de peticiones registradas en los últimos años. Según los últimos balances oficiales de mayo de 2026, se han presentado 1.225.188 solicitudes en la red consular española al amparo de la normativa de 2022. De esta cifra, los consulados han aprobado 571.761 expedientes y se han formalizado 333.696 inscripciones en el Registro Civil. A pesar de estas cifras globales, hasta ahora se desconocía la distribución exacta por demarcaciones consulares y la tasa de denegación por territorios.

El mandato del CTBG coincide con una reciente controversia judicial sobre el impacto electoral de estas nacionalizaciones. El pasado 8 de septiembre, el Tribunal Supremo acordó, como medida cautelar, suspender el derecho de voto de los nuevos nacionales inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que no acreditaron documentalmente el exilio de sus ascendientes. La resolución de Transparencia permitirá ahora conocer con precisión el alcance territorial de estos procedimientos y determinar los países donde se concentra la mayor carga administrativa y electoral.

En su dictamen, el Consejo de Transparencia se muestra especialmente crítico con la conducta del Ministerio de Exteriores. El organismo censura la «opacidad institucional» del departamento de Albares, señalando que el silencio ante las peticiones de información y la falta de colaboración con los requerimientos del Consejo constituyen un incumplimiento de los principios de buena administración. La resolución recuerda que el cumplimiento de los plazos legales es un elemento esencial para garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Hasta el momento, los datos parciales disponibles situaban a Iberoamérica como el epicentro de la aplicación de la ley. Argentina, por ejemplo, acumulaba a mediados de 2025 más de 366.000 solicitudes, lo que representaba cerca del 40% del total global en ese periodo. La nueva documentación que deberá aportar el Ministerio permitirá desglosar el estado actual de los expedientes en toda la red exterior, que fue reforzada en 2025 con 657 trabajadores adicionales para gestionar el incremento de la demanda de nacionalidad.