La dimisión del jefe de Gabinete en Ceuta tensiona al Ministerio del Interior por los avisos del CNI
La crisis institucional derivada de la entrada irregular de 80.000 personas en Ceuta el pasado mes de julio se ha intensificado tras la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. La renuncia de Sanz se produce en un contexto de contradicciones sobre el conocimiento previo que el Ejecutivo central tenía acerca de la magnitud del asalto, tras la desclasificación de documentos que confirman avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con 24 horas de antelación.
Los documentos oficiales revelan que un agente del CNI contactó con Sanz el 29 de julio a través de mensajería instantánea y una llamada telefónica de once minutos. En estas comunicaciones se advertía de una convocatoria masiva en redes sociales, con un alcance potencial de 180.000 seguidores, para realizar un asalto a la valla y por mar al día siguiente. Esta información contradice la versión inicial de la Delegación del Gobierno, que sostenía no haber recibido alertas sobre la envergadura de los acontecimientos.
En su carta de renuncia, Gonzalo Sanz asegura haber trasladado personalmente al delegado Pérez Triano el contenido de las alertas recibidas. Sanz justifica su marcha por la «incompatibilidad» entre sus afirmaciones y las declaraciones públicas del delegado, quien ha negado haber sido informado por su subordinado. Por su parte, Pérez Triano ha calificado los documentos desclasificados como material «sacado de contexto», argumentando que un mensaje de WhatsApp no constituye un informe formal lacrado, protocolo habitual para asuntos de seguridad nacional.
La controversia alcanza al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Según la documentación aportada, el CNI también remitió la información a la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional. La recepción de estos avisos por parte de tres organismos adscritos a Interior refuerza la tesis de que el departamento ministerial tuvo acceso a los datos de inteligencia antes de que se produjera la entrada masiva.
Dentro del Ejecutivo, las posturas muestran discrepancias. Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó en sede parlamentaria la existencia de informes previos de los servicios de inteligencia, otros miembros del Gabinete han minimizado la relevancia de dichas comunicaciones. La situación ha generado un debate interno en el PSOE, donde sectores críticos cuestionan la continuidad del delegado del Gobierno en Ceuta, quien recientemente fue nombrado candidato a la presidencia de la ciudad autónoma.
El caso se encuentra actualmente bajo investigación en la Audiencia Nacional. El proceso judicial prevé la comparecencia de diversos altos cargos en calidad de testigos para esclarecer la cadena de mando y la gestión de la información durante los días previos a la crisis. La dimisión de Sanz supone la primera asunción de responsabilidades políticas en un escenario donde la oposición y diversas fuentes internas apuntan a una posible escalada de las consecuencias hacia la cúpula del Ministerio del Interior.
El Gobierno mantiene, por el momento, su respaldo a Pérez Triano, quien se aferra al cargo defendiendo que la institución elevó peticiones de refuerzos a distintos ministerios para contener el flujo migratorio, aunque sin prever una crisis de la magnitud finalmente registrada. La evolución de las diligencias judiciales y el análisis del material desclasificado determinarán el recorrido político de una crisis que mantiene el foco sobre la coordinación entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado.
