La Fiscalía General propone una reforma integral de la justicia militar para equipararla al régimen penal ordinario

La Fiscalía General del Estado ha solicitado una revisión profunda de la normativa procesal militar con el objetivo de modernizar el funcionamiento de esta jurisdicción. Según se desprende de la Memoria anual correspondiente al ejercicio 2025, el Ministerio Público aboga por aproximar el régimen castrense al sistema penal ordinario, siempre bajo el respeto a las particularidades propias de las Fuerzas Armadas.

La propuesta institucional plantea cambios significativos en el Código Penal Militar. Entre ellos, destaca la petición para reincorporar el delito de extralimitación dolosa en la ejecución de actos de servicio de armas cuando estos resulten en muertes, lesiones o daños materiales. Asimismo, la Fiscalía considera imprescindible recuperar los delitos contra la Administración de Justicia dentro del ámbito estrictamente castrense para fortalecer la seguridad jurídica en dicho entorno.

Análisis de la criminalidad y evolución estadística

El documento oficial refleja que, si bien el índice de criminalidad militar se mantiene en niveles notablemente inferiores a los registros previos a 2017, el último año ha mostrado fluctuaciones reseñables. Tras un repunte en 2024, donde se contabilizaron 158 condenas (un incremento del 33,89 %), el año 2025 ha cerrado con una leve disminución del 8,36 %, situando el total de sentencias condenatorias en 148.

Del total de resoluciones judiciales dictadas en este periodo, 115 derivaron en penas efectivas, mientras que 33 resultaron en fallos absolutorios. La Fiscalía subraya que el descenso observado consolida una tendencia de estabilidad tras el ajuste experimentado en la última década.

Prevalencia del abuso de autoridad y derechos fundamentales

En cuanto a la tipología delictiva, los delitos contra la disciplina continúan siendo los más frecuentes. El abuso de autoridad destaca especialmente, representando el 20,56 % del total de las condenas el pasado año. Por su parte, los delitos contra los derechos fundamentales —aquellos donde no media una relación jerárquica directa entre el autor y la víctima— supusieron el 16,31 % de las sentencias, con un total de 23 condenas.

Esta tendencia se ve reflejada también en la actividad del Tribunal Supremo. Durante el último año se interpusieron 34 recursos de casación penal ante la Sala de lo Militar. La mayoría de estas impugnaciones estuvieron motivadas por delitos de disciplina (abuso de autoridad, insulto a superior y desobediencia), que concentran el 38,24 % de los recursos.

Tendencias al alza en recursos de casación

La Memoria de la Fiscalía advierte sobre el incremento sostenido de recursos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Estos casos, que incluyen conductas de trato degradante, acoso sexual y acoso profesional entre militares de igual empleo, representan ya el 32,35 % de los asuntos elevados al Tribunal Supremo.

Finalmente, los delitos relativos a los deberes del servicio supusieron el 14,71 % de la actividad de casación, todos ellos vinculados al tipo penal de deslealtad. Con estos datos, la Fiscalía General del Estado justifica la necesidad de una actualización legislativa que responda de manera más eficaz a la realidad jurídica y social de las Fuerzas Armadas actuales.