El Partido Popular atribuye la parálisis de miles de viviendas a la gestión del suministro energético estatal
El coordinador general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha señalado este domingo al Gobierno central como responsable directo de la falta de oferta de vivienda en España. Según el dirigente, la insuficiencia en el suministro energético, cuya competencia recae en el Ejecutivo de la nación, está bloqueando la finalización y entrega de miles de inmuebles en diversos puntos del territorio.
Durante una reunión de trabajo celebrada en Lucena (Córdoba) con alcaldes y portavoces de municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, Bendodo ha denunciado que la administración central está obstaculizando la construcción de nuevas promociones en lugar de facilitarlas. Como ejemplo de esta situación, el representante popular ha destacado que, solo en la provincia de Málaga, unas 25.000 viviendas permanecen paralizadas ante la imposibilidad de acceder a la red eléctrica necesaria.
En su intervención, Bendodo ha calificado la política de vivienda del Gabinete de Pedro Sánchez como un «doble error». Por un lado, ha criticado el incumplimiento de la promesa gubernamental de edificar 200.000 viviendas públicas, asegurando que hasta el momento no se ha concluido ninguna. Por otro lado, ha recriminado al Ejecutivo que impida el desarrollo de proyectos habitacionales a aquellas administraciones autonómicas y locales que sí tienen disposición de construir.
El coordinador popular ha subrayado que el acceso a la vivienda se mantiene como una de las preocupaciones prioritarias para la ciudadanía, con especial incidencia en el sector joven de la población. En este sentido, ha afeado la actitud del Gobierno central al afirmar que su gestión se resume en que «ni hace ni deja hacer», afectando gravemente a la autonomía municipal para resolver la demanda de suelo y residencial.
El encuentro en Lucena ha servido para coordinar la estrategia municipal del Partido Popular en la provincia de Córdoba, donde los representantes locales han trasladado la necesidad de una mayor inversión en infraestructuras básicas que permitan el crecimiento urbanístico y social de sus respectivas localidades sin las limitaciones técnicas derivadas de la planificación energética estatal.
