El Gobierno cifra en 5.482 los migrantes retornados a Marruecos tras la entrada irregular en Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este martes sobre el balance de la situación migratoria en Ceuta tras los episodios de entrada irregular registrados a finales del pasado mes de julio. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, un total de 5.482 personas han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto, en el marco de las actuaciones de gestión fronteriza y coordinación entre ambos países.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres detalló que, además de los retornos voluntarios, se han ejecutado 307 expulsiones efectivas. En cuanto a la gestión administrativa de los ciudadanos adultos que accedieron de forma irregular, el ministro señaló que las autoridades ya han iniciado 1.822 expedientes de triaje, una cifra que, a su juicio, demuestra que el trabajo institucional se ha acentuado de manera relevante en las últimas semanas.
El balance oficial también recoge que cerca de un centenar de personas han renunciado de forma explícita al Derecho Internacional. El titular de Política Territorial fue tajante respecto a las posibilidades de permanencia de los migrantes en territorio nacional, advirtiendo que el cumplimiento de la legalidad vigente implicará la devolución de quienes no cumplan con los requisitos de asilo o protección.
«Quiero ser absolutamente claro: la mayoría de las personas que están en Ceuta no van a tener Derecho Internacional, hablo de los mayores de edad. Si no tienen ese derecho, todos van a ser devueltos. No podemos dar expectativas a quien no las tiene», subrayó Torres en su comparecencia como mando único encargado de la coordinación en la ciudad autónoma.
Esta actualización de datos se produce tras la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio, que tensionó los recursos asistenciales de la ciudad autónoma. Con la publicación de estas cifras, el Ministerio de Política Territorial busca dar cuenta de la efectividad de los protocolos de retorno y de la aplicación de la normativa de extranjería en la frontera sur de Europa.
