La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este martes la integridad del sistema de gestión de las listas de espera en la región, negando de forma tajante que se produzcan manipulaciones en los registros del Hospital Ramón y Cajal. A pesar de defender la gestión del centro, la titular de Sanidad ha anunciado la apertura de diligencias de información interna para realizar una revisión exhaustiva del sistema tras las denuncias de presuntas irregularidades en la clasificación de pacientes quirúrgicos.
La controversia se originó tras la publicación de informaciones que señalan que 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del citado hospital fueron presuntamente reclasificados de prioridad «preferente» a «normal». Este cambio administrativo supone ampliar el margen de intervención de 90 a 180 días, lo que, según las denuncias, permitiría al centro cumplir formalmente con los plazos de demora establecidos sin que necesariamente se agilizaran las intervenciones.
Durante una comparecencia ante los medios, Matute calificó de «mentira» el supuesto maquillaje de datos y subrayó que la sanidad madrileña mantiene los mejores indicadores de listas de espera de España. La consejera vinculó estas acusaciones con un «vil ataque» a la excelencia del sistema, situando la polémica en el marco de la reciente comunicación enviada por la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que se solicitaba información detallada sobre la gestión de las esperas quirúrgicas en la autonomía.
La Consejería de Sanidad ha puesto el foco en la figura del denunciante, el cirujano Alberto Martos, sobre quien pesan expedientes disciplinarios previos a sus declaraciones públicas. Fuentes conocedoras de la situación en el Hospital Ramón y Cajal apuntan a un conflicto personal de larga data entre el facultativo y el jefe del servicio de Traumatología, Basilio José de la Torre Escuredo. Según estas versiones, la relación laboral ha estado marcada por tensiones que han derivado en procesos sancionadores por presuntos actos vandálicos y abandono de consultas.
Por su parte, el cirujano Alberto Martos ha defendido su actuación alegando que el cambio en los niveles de prioridad responde a criterios no clínicos que pueden comprometer la salud de los pacientes. El facultativo ha reconocido que su comunicación con la gerencia fue «agresiva» debido a la falta de respuesta institucional, y sostiene que el expediente disciplinario que se le instruye es una forma de «acoso» en respuesta a sus advertencias sobre el funcionamiento del servicio.
Finalmente, la consejera Matute ha descartado cualquier dimisión o cese inmediato, apelando al rigor técnico y a la vigencia de la Orden 804/2016, que regula la gestión del Registro de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica. La administración regional insiste en que las actuaciones de control interno buscan garantizar la transparencia y la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, mientras se resuelve la investigación sobre los procedimientos administrativos del centro hospitalario.
