Una juez de Madrid solicita la intervención de la Fiscalía ante el dosier de Interior sobre periodistas

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha incoado diligencias previas para investigar la elaboración de un informe por parte del Ministerio del Interior que contenía fichas detalladas sobre periodistas y analistas políticos. La magistrada titular ha solicitado un informe preceptivo a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la pertinencia de abrir una causa penal, tras la denuncia presentada por la formación Iustitia Europa.

La investigación judicial se centra en un documento, revelado originalmente por El Confidencial, que incluía fotografías y comentarios sobre la supuesta ideología o tendencias políticas de decenas de profesionales de los medios de comunicación. Según fuentes jurídicas, el juzgado busca determinar si este tratamiento de información personal y profesional se ajusta a la legalidad vigente o si, por el contrario, vulnera derechos fundamentales.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la naturaleza del dosier calificándolo como un «documento interno de trabajo» elaborado en el año 2024. El Ejecutivo ha sostenido que la recopilación de estos datos no tenía una finalidad espuria y ha pedido disculpas públicas a los profesionales del sector que se hayan sentido afectados u ofendidos por la existencia y el contenido de dicho informe.

De forma paralela al procedimiento judicial, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado una investigación de oficio. El organismo regulador analiza actualmente la naturaleza, el alcance y la base jurídica empleada por el Ministerio del Interior para el tratamiento de estos datos personales. La AEPD ha matizado que el inicio de estas actuaciones administrativas no prejuzga la existencia de una infracción, sino que responde a la necesidad de supervisar la utilización de la información recopilada.

El caso queda ahora a la espera del pronunciamiento del Ministerio Público, cuya valoración será determinante para que el juzgado decida si prosigue con la instrucción de los hechos o si procede al archivo de las actuaciones iniciadas tras la denuncia de Iustitia Europa.