Planifica Madrid mantiene a la venta el ático de Chamberí tras quedar desierta la primera licitación
El Consejo de Administración de Planifica Madrid ha acordado este viernes mantener a la venta el ático ubicado en el distrito de Chamberí mediante un procedimiento abierto de adjudicación. La decisión se produce después de que la primera licitación para la enajenación del inmueble fuera declarada desierta al no haberse recibido ofertas que cumplieran con los requisitos técnicos y económicos exigidos en los pliegos de condiciones.
La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha ratificado esta medida tras la comparecencia del consejero Miguel Ángel García Martín en la Asamblea regional. El objetivo del Gobierno autonómico es dar continuidad al proceso de venta hasta formalizar una oferta que se ajuste a los parámetros legales establecidos para esta propiedad, situada en la calle General Martínez Campos.
El inmueble sale al mercado con un precio base de licitación de 6.694.201 euros. Esta cifra se sitúa por encima de los 6,3 millones de euros que la empresa pública Planifica Madrid desembolsó el pasado mes de abril para su adquisición. Según los registros oficiales, la compra original se justificó en la necesidad de habilitar espacios administrativos auxiliares ante la próxima reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.
La determinación de enajenar el activo se adoptó poco después de trascender los detalles de la operación de compra. Desde el Ejecutivo autonómico se ha informado que la plusvalía y el capital recuperado de esta venta se destinarán íntegramente a los trabajos de reconstrucción y recuperación medioambiental de la Sierra Oeste, zona afectada por los incendios forestales ocurridos durante el pasado periodo estival.
Con la apertura de este nuevo plazo bajo la modalidad de procedimiento abierto, la administración regional busca maximizar la concurrencia de posibles compradores interesados en un activo de alto valor patrimonial, garantizando que el proceso de desinversión cumpla con los principios de transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
