Solicitan a la Audiencia Nacional verificar el cumplimiento laboral del exjefe de ETA ‘Txeroki’
José Fernando Centeno, padre del guardia civil asesinado Raúl Centeno, y la asociación Dignidad y Justicia han presentado un escrito ante la sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para solicitar la comprobación efectiva del régimen de semilibertad de Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. La petición insta a las autoridades judiciales a verificar si el exdirigente de la organización terrorista ETA cumple con las obligaciones laborales y de voluntariado que motivaron su actual progresión de grado.
La iniciativa jurídica surge tras la publicación de informaciones periodísticas que sugieren que Aspiazu Rubina no estaría acudiendo al puesto de trabajo declarado, un herbolario situado en Guipúzcoa, donde figura dado de alta. Ante estos indicios, los solicitantes han requerido al Centro Penitenciario de Martutene y a la administración penitenciaria competente que aporten el programa específico de tratamiento y acrediten la realización real y efectiva de las actividades exteriores autorizadas desde que se le concedió la medida el pasado mes de febrero.
En el escrito remitido al tribunal, la representación de las víctimas sostiene que es exigible un cumplimiento «real, efectivo y verificable» de las condiciones impuestas. Por ello, han reclamado que la comprobación no se limite a constatar el alta laboral, sino que incluya el examen de funciones, jornadas, registros de fichaje, nóminas y los informes de supervisión de la entidad empleadora. La solicitud subraya la necesidad de transparentar el sistema de control ejercido por la Junta de Tratamiento sobre la asistencia y puntualidad del interno.
Dignidad y Justicia y la familia Centeno advierten de que, en caso de confirmarse que la actividad laboral no se está desarrollando en los términos previstos, habría decaído el presupuesto objetivo que justificó la flexibilidad en su régimen de reclusión. En consecuencia, han solicitado que se proceda a la revocación inmediata de la semilibertad y se disponga el retorno de Aspiazu Rubina al régimen ordinario de segundo grado.
Este movimiento procesal busca garantizar que los beneficios penitenciarios otorgados a condenados por delitos de terrorismo respondan estrictamente a los fines de reinserción y cumplimiento normativo exigidos por la legislación vigente, evitando que el programa específico de tratamiento carezca de contenido material justificativo.
