La Audiencia de Bizkaia juzga a dos hombres por un cartel que simulaba un disparo a Santiago Abascal

La Audiencia de Bizkaia ha celebrado este martes el juicio contra dos hombres acusados de difundir un cartel en el que aparecía el presidente de Vox, Santiago Abascal, con una mancha roja en la cabeza simulando el impacto de un proyectil en la nuca. Durante la vista oral, el dirigente político ha declarado por videoconferencia, ratificando que se sintió «lógicamente amenazado» por la difusión de dicha imagen, la cual fue utilizada para anunciar un concierto en el contexto de las fiestas de la Aste Nagusia de Bilbao en 2023.

La Fiscalía ha solicitado al tribunal una pena de 18 años de prisión para los encausados, a quienes considera autores de un delito de amenazas con la agravante de discriminación. Por su parte, la acusación particular, ejercida por Vox a través de su vicesecretaria jurídica Marta Castro, ha solicitado una condena de tres años de cárcel por un presunto delito de odio, además de una indemnización por el daño moral causado al líder de la formación.

En su comparecencia, Abascal ha subrayado la gravedad de que el cartel surgiera en su tierra natal, argumentando que la simbología utilizada evoca episodios de violencia política históricos. El procedimiento judicial llegó a la instancia provincial después de que la Audiencia Nacional decidiera archivar la denuncia inicial por enaltecimiento del terrorismo, al no apreciar gravedad suficiente para tal calificación, aunque ordenó proseguir la investigación por la vía penal ordinaria debido a la posible connotación ideológica de los hechos.

La defensa de Vox ha sostenido que la difusión del cartel no puede estar amparada por la libertad de expresión. Según ha argumentado la letrada Marta Castro, la imagen de un «tiro en la nuca» en el contexto del País Vasco genera miedo e incita a la violencia contra quienes mantienen postulados políticos diferentes. La acusación ha fundamentado sus conclusiones en informes técnicos elaborados por la unidad de Inteligencia de la Ertzaintza y la Guardia Civil.

Asimismo, la representación jurídica de la formación ha vinculado a los autores del cartel con sectores de la izquierda radical y ha señalado que el uso de redes sociales y tecnología multiplicó el alcance del mensaje, agravando la supuesta infracción. «No se puede permitir la difusión de este tipo de mensajes porque incita a la violencia y atenta contra el pluralismo político», ha afirmado Castro durante la exposición de sus conclusiones finales.

Tras una sesión de dos horas de duración en el Palacio de Justicia de Bilbao, el tribunal ha dado por concluida la vista oral. El caso ha quedado visto para sentencia, que determinará si la creación y difusión del cartel constituye un delito de odio o amenazas, o si se encuadra dentro del ejercicio de la libertad de expresión.