Posibles movimientos internos en el Consejo de Estado para la designación de nuevos consejeros permanentes
El Consejo de Estado se encuentra en el centro de una serie de movimientos internos orientados a la cobertura de plazas como consejeros permanentes, según han señalado fuentes del propio órgano consultivo. Estas maniobras implicarían al actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quienes estarían evaluando su futuro profesional ante un eventual cambio de ciclo político y la proximidad del fin de sus actuales mandatos o responsabilidades.
La estrategia principal para facilitar estas incorporaciones consistiría en la declaración de incapacidad de actuales miembros permanentes del Consejo. En concreto, las informaciones apuntan a gestiones para declarar la incapacidad de María Teresa Fernández de la Vega, antecesora de Calvo en la presidencia y actual consejera permanente, quien se encuentra de baja desde hace un año. Asimismo, se habrían producido intentos similares respecto a José Luis Manzanares, consejero desde 1977 y de 96 años de edad, aunque por el momento estas gestiones no habrían prosperado.
La figura del consejero permanente es una de las más estables y retribuidas dentro de la Administración del Estado. A diferencia de los consejeros electos, cuyo mandato es de cuatro años y perciben dietas por asistencia, los permanentes tienen un carácter vitalicio y una remuneración anual que supera los 134.000 euros. Esta estabilidad administrativa resulta especialmente atractiva en periodos de incertidumbre electoral, donde los cargos de confianza política buscan asegurar su continuidad en organismos de relevancia institucional.
En el caso de Cándido Conde-Pumpido, su mandato en el Tribunal Constitucional se encuentra formalmente vencido desde hace nueve meses. El proceso para su relevo, junto al de otros tres magistrados (Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías), depende de la activación del cupo correspondiente al Senado. Aunque el procedimiento se inició en diciembre de 2023, la Mesa de la Cámara Alta ha prorrogado sucesivamente los plazos para la presentación de candidaturas por parte de los parlamentos autonómicos, situando ahora el límite a finales de noviembre.
La situación de interinidad en el Tribunal Constitucional coincide con el interés de Conde-Pumpido por integrarse en el Consejo de Estado, organismo que agrupa a figuras veteranas de la trayectoria judicial, política y administrativa del país. Los consejeros permanentes son nombrados por el Consejo de Ministros y, una vez designados, no pueden ser apartados de su cargo salvo por causas muy específicas y tasadas, como la incapacidad manifiesta.
El Consejo de Estado tiene previsto retomar su actividad ordinaria el próximo 1 de octubre con la celebración del primer pleno del curso político. En dicha sesión, además de abordar asuntos de índole económica y sobre el sistema de pensiones, se espera comprobar si se tramitan formalmente los expedientes relativos a la situación de Fernández de la Vega. La resolución de estas vacantes determinará la configuración futura del máximo órgano consultivo del Gobierno en un escenario de alta volatilidad parlamentaria.
