La movilización ciudadana y representantes destacados del sector cultural se han concentrado este martes en el distrito madrileño de Retiro con el objetivo de paralizar el desahucio de una vecina de 87 años. La convocatoria, que ha tenido lugar en la calle Sainz de Baranda, ha congregado a decenas de personas ante la vivienda de Maricarmen, una mujer de avanzada edad cuya situación de vulnerabilidad habitacional ha generado una notable respuesta social en la capital.
El acto de protesta ha contado con la presencia de figuras de la cultura española, entre las que destaca la cantante y actriz Ana Belén. La intérprete, reconocida por su histórica implicación en causas sociales, acudió al lugar para manifestar su apoyo a la afectada, quien atraviesa un estado de salud delicado. Durante la concentración, Ana Belén procedió a la lectura de un poema de Rafael Alberti como acto reivindicativo, acompañada por otros profesionales del sector como el actor y director Juan Diego Botto.
La movilización se ha desarrollado de forma pacífica, con el objetivo de dar visibilidad a la situación de Maricarmen y solicitar una moratoria o solución alternativa que evite el lanzamiento de su domicilio habitual. Los vecinos y colectivos presentes han subrayado la urgencia de atender casos de especial fragilidad, especialmente cuando afectan a ciudadanos de la tercera edad en barrios céntricos sometidos a una fuerte presión inmobiliaria.
La participación de Ana Belén en esta jornada se alinea con su trayectoria de compromiso civil, que se remonta a la Transición española. A lo largo de su carrera, la artista ha sido una voz activa en la defensa de los derechos humanos, el feminismo y la sanidad pública, además de haber protagonizado hitos de la movilización social como las protestas contra la intervención militar en Irak en 2003. Su presencia en el barrio de Retiro busca, según los organizadores, elevar el perfil institucional de la demanda vecinal.
Por el momento, la situación de la vivienda permanece bajo el seguimiento de las plataformas de apoyo, mientras se aguarda una resolución que garantice la integridad y el bienestar de la residente. Este caso ha vuelto a poner de manifiesto el debate sobre la protección de los inquilinos vulnerables y el papel de la sociedad civil en la interlocución ante procesos de desahucio en zonas de alta demanda residencial.
