El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles la moción presentada por el Grupo Socialista que buscaba establecer mecanismos de protección para la vivienda pública frente a la «mercantilización y el uso especulativo». La iniciativa parlamentaria no prosperó tras recabar 145 votos en contra, procedentes de las bancadas del Partido Popular, Vox, UPN y PNV, frente a los 94 apoyos del PSOE e Izquierda Confederal. Por su parte, ERC, EH Bildu y BNG optaron por la abstención, mientras que Junts decidió no participar en la votación.
La propuesta socialista instaba al Ejecutivo a blindar los inmuebles protegidos mediante el incremento de la transparencia en los procesos de adjudicación y la publicación periódica de datos agregados sobre las concesiones. Asimismo, el texto contemplaba el análisis de las normativas autonómicas que pudieran comprometer el derecho a la vivienda. Durante su defensa, la senadora socialista María Amparo Marco sostuvo que estas medidas son necesarias para evitar precedentes de enajenación de patrimonio público y criticó la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por el PP por no aplicar, a su juicio, las herramientas de la Ley de Vivienda.
Desde el Grupo Popular, la senadora Paloma Martín justificó el rechazo de su formación acusando al Gobierno de realizar un «uso político» de los desahucios y de ser «uno de los mayores tenedores de suelo» sin liberar superficie suficiente para la construcción. El PP defendió un modelo basado en el incremento de la oferta de suelo, el impulso de la colaboración público-privada y la derogación de las medidas de intervención del mercado, que consideran contraproducentes para la bajada de precios.
El debate también estuvo marcado por la cuestión competencial, factor determinante en el voto negativo del PNV y la abstención de ERC. El senador nacionalista vasco Igotz López, aunque manifestó coincidir en el carácter permanente de la vivienda protegida, censuró el punto de la moción relativo al análisis de leyes regionales, calificándolo como una potencial «invasión de competencias» del Estado sobre las autonomías. En una línea similar, Sara Bailac (ERC) exigió el respeto estricto al marco competencial catalán como condición para avanzar en políticas de vivienda digna.
Por su parte, los grupos a la izquierda del PSOE consideraron la moción insuficiente. La senadora Carla Delgado, de Izquierda Confederal, reclamó medidas más contundentes como la prohibición de venta a «fondos buitre», la congelación de precios del alquiler y la paralización de desahucios de familias vulnerables. Desde el BNG, Mari Carmen Da Silva reprochó tanto la gestión histórica del PP en Galicia como la política de vivienda del Ejecutivo central, a la que calificó de «parche insuficiente» ante la emergencia habitacional.
Finalmente, Vox reafirmó su oposición frontal al modelo del Gobierno, calificando su política de «suicida» y responsable de un déficit de oferta de un millón de viviendas. El senador Ángel Pelayo Gordillo propuso una liberalización total del suelo y la eliminación de normativas que, en su opinión, añaden costes ideológicos a la edificación, apostando por un mercado libre de restricciones climáticas o de género para facilitar el acceso a la propiedad.
