Dudas técnicas y críticas de la oposición por el procedimiento de remisión de los decretos de vivienda al Congreso

El Congreso de los Diputados analiza la tramitación de los dos reales decretos leyes en materia de vivienda aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros. La controversia técnica ha surgido tras la remisión a la Cámara Baja del texto pactado entre el PSOE y Sumar sin su previa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un procedimiento calificado como «inusual» por diversos letrados de las Cortes Generales y que ha motivado las quejas formales del Grupo Parlamentario Popular.

La situación afecta al calendario legislativo de cara al pleno extraordinario convocado para este viernes. Mientras que el decreto acordado con Junts fue publicado en el BOE y remitido siguiendo los cauces ordinarios, el relativo al acuerdo con Sumar entró en el Registro de la Cámara a las 00:49 horas del miércoles sin que se hubiera hecho público su contenido oficial. Esta circunstancia ha generado incertidumbre sobre la integridad del texto definitivo y el cumplimiento de los plazos reglamentarios.

Desde el Partido Popular se ha advertido sobre una posible «ilegalidad» en caso de que el documento enviado al Congreso presente modificaciones respecto al aprobado originalmente por el Consejo de Ministros. La formación de la oposición fundamenta sus sospechas en las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien en la noche del martes indicó que aún se estaban «ultimando detalles» de la norma, a pesar de que la reunión del Ejecutivo ya había concluido horas antes.

En el ámbito jurídico de la Cámara, la falta de publicidad previa en el BOE ha suscitado debate. Aunque fuentes parlamentarias señalan que el Reglamento del Congreso permite cierta flexibilidad bajo la potestad de la Mesa, algunos letrados subrayan que lo habitual es que los decretos leyes sean conocidos públicamente antes de su llegada al legislativo. No obstante, otro sector jurídico de la Cámara sostiene que el documento es válido para su tramitación desde el momento en que cuenta con la firma del ministro de la Presidencia y del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A las dudas procedimentales se suman las discrepancias sobre el contenido sustantivo de ambas normas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado el voto negativo de su grupo a ambos decretos, denunciando una supuesta inseguridad jurídica derivada de contradicciones entre los dos textos. Según la oposición, mientras un decreto establece prórrogas forzosas de contratos hasta el año 2028, el otro propone que dicha prórroga sea de carácter indefinido, lo que podría anular los efectos de la primera norma si ambas son convalidadas.

La Mesa del Congreso y los servicios jurídicos deberán dirimir en las próximas horas si el procedimiento seguido se ajusta estrictamente a la normativa parlamentaria, que generalmente exige la publicación oficial de las normas con al menos 48 horas de antelación a su debate en el pleno. El desenlace de esta tramitación marcará el desarrollo de la sesión del viernes, en la que el Gobierno busca la convalidación de dos piezas clave de su agenda social y de vivienda.