La ministra de Vivienda defiende la solvencia de los nuevos decretos ante la previsión de recursos judiciales
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado su plena confianza en la solidez jurídica de los nuevos decretos ley en materia de vivienda ante su inminente debate de convalidación en el Congreso de los Diputados. Rodríguez ha reconocido este martes que prevé una «ofensiva judicial» por parte del sector privado, aunque ha centrado su preocupación en la postura de oposición sistemática del Partido Popular y de algunos gobiernos autonómicos frente a las medidas impulsadas por el Ejecutivo central.
En el marco de las negociaciones para asegurar los apoyos parlamentarios necesarios, la titular de Vivienda ha señalado que los textos presentados son fruto de un trabajo técnico riguroso. Según la ministra, el Gobierno ha realizado concesiones para tratar de aglutinar una mayoría suficiente, admitiendo que el resultado final no puede satisfacer íntegramente a todas las formaciones políticas debido a la diversidad de intereses representados en la Cámara. Rodríguez espera contar con el respaldo de Podemos y mantiene la prudencia respecto a Junts, con quienes asegura haber trabajado con seriedad en los últimos días.
La ministra ha distinguido entre las dos normas que conforman el paquete legislativo. El primer decreto, centrado en aspectos técnicos y de seguridad jurídica, ha contado con una elaboración dilatada en el tiempo. Por el contrario, el segundo decreto, que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler, responde a un proceso de escucha activa con los movimientos sociales. Rodríguez ha admitido que esta segunda norma «no ha estado trabajada con la misma profundidad» técnica, pero que el Gobierno decidió avanzar para no poner en riesgo los acuerdos alcanzados en el bloque principal de medidas.
Respecto a la movilización social, Isabel Rodríguez ha calificado como «palabras mayores» la propuesta de una huelga general de alquileres promovida por el Sindicato de Inquilinas. Si bien ha expresado su comprensión hacia las demandas de los colectivos que se manifiestan por el acceso a la vivienda, ha instado a canalizar las soluciones a través de la política institucional y electoral, señalando que los próximos comicios representarán una oportunidad para consolidar un cambio en el modelo de gestión habitacional en España.
Durante su intervención, la ministra también se ha referido a casos específicos de vulnerabilidad residencial, calificando de «vergüenza nacional» el comportamiento de determinadas empresas inmobiliarias en procesos de desahucio de personas de avanzada edad. En este sentido, ha reafirmado la intención del Ejecutivo de articular normativas a todos los niveles —municipal, autonómico, estatal y europeo— para limitar la operativa de los fondos de inversión en el mercado residencial, especialmente en operaciones que superen el 70 % del valor del inmueble.
Finalmente, la responsable de la cartera de Vivienda ha defendido que las medidas contenidas en los decretos beneficiarán al conjunto de la ciudadanía y ha lamentado la exclusión del Partido Popular en el proceso de diálogo. Rodríguez ha concluido que, pese a la complejidad técnica y política de la materia, la dirección emprendida por el Gobierno es la correcta para garantizar la seguridad jurídica del sector y la protección de los arrendatarios.
