La investigación judicial sobre la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha dado un giro significativo tras la comparecencia de Gonzalo Sanz ante la Audiencia Nacional. El que fuera jefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno en la ciudad autónoma ratificó este jueves ante la magistrada María Tardón que su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, tuvo conocimiento previo de las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la crisis fronteriza, contradiciendo las versiones públicas ofrecidas por el exmandatario hasta la fecha.
Durante su declaración en sede judicial, Sanz aportó documentación detallada para apuntalar su testimonio, incluyendo registros de contactos y avisos emitidos en las horas previas a la crisis. Según fuentes jurídicas, el testigo señaló la existencia de al menos 19 mensajes intercambiados con un agente del CNI que no habrían sido incluidos en el proceso de desclasificación llevado a cabo por el Gobierno central. Estos archivos reflejarían alertas sobre la organización de grupos de mensajería masiva para coordinar el asalto a la frontera.
La ratificación de este testimonio sitúa a Pérez Triano ante una inminente citación por parte de la Audiencia Nacional. La magistrada debe determinar ahora si su comparecencia se producirá en calidad de testigo o de investigado. Esta distinción es procesalmente relevante, puesto que la condición de investigado permitiría al exdelegado evitar emitir declaraciones que dañen su estrategia de defensa, mientras que como testigo tendría la obligación legal de decir la verdad sobre la gestión de las alertas recibidas de los servicios de inteligencia.
Sobre el exdelegado pesa actualmente una querella presentada por la asociación Hazte Oír por la presunta comisión de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave. La denuncia, que fue remitida desde el juzgado número 6 de Ceuta a la Audiencia Nacional tras inhibirse el órgano local, pone el foco en la supuesta inacción institucional frente a los informes que advertían de la inminencia de la entrada masiva.
En el marco de esta instrucción, la magistrada Tardón también ha recabado el testimonio del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El mandatario autonómico explicó ante la juez que reclamó al Gobierno central la aplicación del estado de alarma y el cierre de la frontera ante el desbordamiento de las capacidades de la ciudad. Vivas aportó como dato el incremento del 800% en el número de menores acogidos, que pasó de 130 a más de 800 personas en un breve periodo de tiempo.
La declaración del ex jefe de gabinete se produce la misma semana en que Pérez Triano ha abandonado su puesto como delegado del Gobierno. En su despedida oficial, el exdelegado sostuvo que había informado al Ejecutivo central sobre la gravedad de la situación con semanas de antelación y atribuyó su salida a las presiones y amenazas sufridas. Sin embargo, el contenido de la pieza secreta de la causa, que indaga en cuestiones referentes a la seguridad nacional, continúa analizando las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de la frontera.
