Óscar Puente sostiene que el rechazo de Junts a los decretos de vivienda «retrata» su posición política
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha valorado la decisión de Junts per Catalunya de votar en contra de los decretos de vivienda si no son retirados, afirmando que la formación independentista se ha «retratado» con su postura. El ministro argumentó que la fragmentación de las medidas legislativas ha permitido clarificar el posicionamiento de Junts frente a las iniciativas del Gobierno de coalición.
A través de una serie de mensajes en la red social X, Puente defendió la estrategia de presentar las medidas de forma separada en lugar de un decreto único. Según el titular de Transportes, de no haberse «troceado» la normativa, habría persistido la duda sobre si Junts hubiera apoyado alguna de las medidas de forma individual. «Así no queda ninguna. Por tanto, los que decían ‘un decreto y que se retraten’ una vez más erraron», señaló el ministro.
Puente también dirigió sus críticas hacia los sectores que pretendían responsabilizar al PSOE de la falta de apoyos, cuestionando si son conscientes de las «limitaciones» parlamentarias actuales. Asimismo, el ministro hizo referencia a la intención de la Junta de Castilla y León de recurrir los decretos por supuesta invasión de competencias si llegan a ser convalidados, asegurando que «la derecha votará no» y que, en caso de un resultado afirmativo, acudirán a la vía judicial.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, también reaccionó a la posición de Junts, señalando que existen «dos maneras de hacer política»: la de «poner soluciones que mejoren la vida» de la ciudadanía o la de obstaculizarlas. García subrayó que las posturas que, a su juicio, perjudican el interés general «no pueden salir gratis» en el escenario político actual.
La controversia surge en un momento crítico para la agenda legislativa del Gobierno, que depende de la validación de sus Reales Decretos-ley en el Congreso de los Diputados. La negativa de Junts se suma a las críticas de otros grupos de la oposición que cuestionan el impacto de las políticas de vivienda sobre la oferta y la seguridad jurídica en el sector inmobiliario.


