Un juzgado de Gerona admite a trámite la demanda civil por la presunta infiltración de una agente de policía
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gerona ha procedido a la admisión a trámite de la demanda civil interpuesta por el activista Òscar Campos contra una agente del Cuerpo Nacional de Policía. El demandante sostiene que la funcionaria mantuvo una relación sentimental y de convivencia con él con el propósito de infiltrarse en los movimientos sociales e independentistas de la ciudad catalana.
La defensa jurídica de Campos solicita que se condene a la agente por una presunta intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la intimidad. En concepto de responsabilidad civil, se reclama una indemnización de 152.220,54 euros, alegando daños morales y perjuicios derivados de la actividad operativa realizada bajo una identidad supuestamente encubierta.
La apertura de esta vía civil se produce de forma paralela al proceso penal, el cual se encuentra actualmente paralizado en el Tribunal Constitucional. La representación legal del activista acudió al tribunal de garantías mediante un recurso de amparo tras la inadmisión de la querella penal en instancias previas, buscando una resolución que permita investigar los hechos desde la óptica de la legalidad criminal.
Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, entidad que respalda la acción legal, ha señalado que la utilización de la vía civil responde a la necesidad de defender los derechos fundamentales ante el cierre de las investigaciones penales sin un esclarecimiento de los hechos. Según la organización, es imperativo agotar todos los cauces jurisdiccionales disponibles para garantizar la fiscalización de las actuaciones policiales en entornos políticos.
El escrito de demanda expone que el afectado sufre una profunda afectación psicológica y emocional desde el año 2023. La argumentación jurídica detalla que el presunto engaño se prolongó durante más de dos años, impactando de manera severa en su estabilidad personal, su dignidad y su capacidad para establecer relaciones interpersonales, provocando una ruptura en sus esquemas afectivos y de confianza.
Con la admisión a trámite, el juzgado iniciará ahora el proceso para que la parte demandada presente sus alegaciones. Este caso se suma a otras denuncias similares presentadas en diversos puntos del territorio nacional sobre el uso de agentes bajo cobertura en movimientos sociales, lo que ha generado un debate jurídico sobre los límites de la investigación policial y el respeto a la vida privada de los ciudadanos.
